Una ley de amnistía para los hijos de inmigrantes haitianos que no tienen nacionalidad puede ser una medida de carácter legislativo que chocaría con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y que, por lo tanto, debe evitarse.Así lo consideró ayer César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien fue enfático al señalar que lo importante en este momento es que el TC fijó un criterio que, en virtud de la Constitución, tiene carácter definitivo, que no puede ser objeto de apelación y que es de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado.
“No creo que debamos precipitarnos en una solución única como es el caso de la amnistía que se plantea, hasta tanto se examinen con rigor, pero también con mucha delicadeza, los efectos que puede tener una medida de esa naturaleza sobre la autoridad de la sentencia del Tribunal Constitucional”, dijo.
Sin embargo, el funcionario dejó abierta la posibilidad de una revisión de “los casos realmente sensibles” para ver cuáles medidas de carácter administrativo se puedan acordar y en ese sentido favoreció las consultas que realiza o realizará el presidente Danilo Medina para tratar de buscar una salida a lo que el mandatario definió como “problema humano”.
“No estoy hablando de una medida en específico, estoy hablando de ver con calma las opciones posibles para que se satisfagan algunas de esas inquietudes sin quebrantar la autoridad institucional”, precisó Pina Toribio, quien fue cuestionado en el Palacio Nacional sobre la propuesta del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, de que una ley de amnistía que permita dotar de documentos legales al número indeterminado de personas descendientes de haitianos en el país, sería una salida eficaz a la situación por la que atraviesan tras el fallo del TC.
Entiende se deben buscar soluciones
Explicó que en lo inmediato se deben buscar medidas de carácter administrativo que puedan ayudar a resolver la situación de las personas afectadas por la sentencia inapelable del TC, que establece que no son dominicanos los hijos de ilegales en tránsito nacidos en la República Dominicana.
Citó entre esas medidas, además de la revisión de los casos “sensibles”, la implementación definitiva del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros al que deben abocarse las autoridades migratorias y la habilitación de los registros de nacimiento para extranjeros en la República Dominicana.
Respeta, pero no está de acuerdo con la CIDH
Cuestionado sobre los procesos que en contra del país han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la posible revisión allí de casos por el fallo del TC, Pina Toribio dijo que respeta esas expresiones u opiniones, aunque no coincide con ellas. “La sentencia tiene suficientes elementos que la sustentan partiendo de un concepto universal: atribuir la nacionalidad de un país solo le compete al Estado que rige su país”, sostuvo.
