Las protestas como manifestación de reclamos reivindicativos en el sector público dominicano no han sido históricamente frecuentes, aunque han estado presentes en áreas específicas.Huelgas de médicos y enfermeras, de profesores, de agrónomos y protestas de ingenieros han sido manifestaciones de reclamos en el sector público, frecuentes o escasas según la época. Pero han existido.
Lo que no era habitual era ver un reclamo organizado por jueces y otros empleados del Poder Judicial. El lunes hubo un acto protocolar. Jueces y demás servidores iniciaron sus labores izando la bandera y entonando el Himno Nacional en los 35 distritos judiciales del país, como parte de acciones dirigidas a exigir la asignación del 2.66% del Presupuesto Nacional que se diseñe para el 2017. Y ayer, al salir de una visita al Senado de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán Mejía, le agregó otro ingrediente cuando dijo que el Poder Judicial necesita mayor presupuesto para mejorar los servicios. “Quiero presupuesto, tengo urgencia…”, expuso.
Es un indicativo de que se están incubando acciones que apuntan a que en el Poder Judicial se están originando “movimientos reivindicativos”, en este caso para exigir que se cumplan asignaciones presupuestales legales. Parecería chocante que se produjera una huelga de jueces y que alguna instancia del Estado buscara un fallo que declarara ilegal la acción.
Son muy remotas las posibilidades de que se produzca esa situación y se espera que el Poder Ejecutivo busque cómo mejorar el presupuesto de la Justicia. Sus reclamos son justos, más en circunstancias en las que se le exige un mayor aporte en la lucha contra la delincuencia que se da en la sociedad.
El Gobierno tiene sus limitaciones para cumplir con todas las asignaciones que le demandan.
La zafra legislativa de aprobar leyes que fijan a diferentes entidades porcentajes fijos del Presupuesto, o del PIB, ha hecho del diseño presupuestal un rompecabezas que obliga al Poder Ejecutivo a negociar demandas o prorratear derechos. Esa situación será tema para otro comentario, y posiblemente un elemento a debatir entre el Gobierno y la colectividad. En tanto, al Poder Judicial hay que mejorarle su presupuesto.
