Durante los últimos días ha resurgido el viejo debate sobre la legitimidad de los recursos que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) del Presupuesto General del Estado. Miembros del Congreso Nacional han demandado revisar las asignaciones presupuestarias a estas organizaciones, en búsqueda de recursos para instituciones públicas que han cuestionado las partidas que les corresponderían. Si esta acción fuera más allá de la superficialidad política, podría contribuir con una mayor transparencia del sector social organizado, como lo establece la ley 122-05 de regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro.
Si lo que se requiere es de una mayor cantidad de recursos para destinarlos a instituciones estatales que de verdad lo necesiten, los legisladores deberían comenzar recortando significativamente el presupuesto del propio Congreso, destinado a prácticas de clientelismo político. Pero lo que se busca es otra cosa.
Es tradición que cuando las organizaciones de la sociedad civil asumen un rol activo en demanda de respeto a la institucionalidad o al estado de derecho, se levanten voces para cuestionarlas. Para ello se apela a repetitivos argumentos que buscan descalificarlas. Dentro de los cuestionamientos más socorridos están los referidos a que muchas ONG manejan presupuesto público sin realizar una labor reconocida. En las sociedades democráticas, cuando los partidos políticos se debilitan, las organizaciones sociales tienden a llenar los espacios de representación de los intereses colectivos abandonados por los primeros. Las organizaciones de la sociedad civil no requieren de la legitimidad del voto popular, esa es una competencia de las organizaciones partidarias. La legitimidad de las organizaciones sociales viene dada por el reconocimiento de un derecho a la participación que les da la democracia a sus ciudadanos. En tal sentido, el Estado debe fortalecer las alianzas estratégicas con las organizaciones de ciudadanos, para lograr una mayor efectividad de las políticas públicas.
Con su labor, las ONG promueven la consolidación de un real estado de derecho y el desarrollo humano sostenible en muchas comunidades del país. Para ello es necesario que estas organizaciones cuenten con los recursos suficientes. La legislación actual permite el establecimiento de criterios claros para este financiamiento y al mismo tiempo, la Cámara de Cuentas realiza una labor de fiscalización del manejo de recursos públicos de muchas de estas ONG. Lo que se debe procurar es la aplicación efectiva de ley y el control permanente. Por otro lado, las asociaciones sin fines de lucro deben asumir el compromiso ético de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
