El Poder Ejecutivo depositó ayer en el Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto del 2017 por un monto de RD$711,399.4 millones. Independientemente del concepto generalizado de que el Presupuesto es el principal instrumento de desarrollo, este documento ha sido diseñado en momentos en que el Gobierno está sometido a reclamaciones de índole social e institucional, como la del Poder Judicial, la universidad pública y los municipios, que tienen por ley asignaciones especiales que nunca se cumplen.
Esas reclamaciones están llamadas a reflejar otra faceta del Presupuesto: la de ser un medio de redistribución de la riqueza nacional, algo trunca.
Es obvio que el presidente Danilo Medina reconoce el papel del Presupuesto como mecanismo de satisfacción de necesidades colectivas. En el mensaje que envió al Congreso dice: “En este proyecto de ley se expresan políticas públicas que se ejecutarán durante el presente período gubernamental, para dar respuestas a los reclamos de la ciudadanía y cumplimiento a lo consignado en nuestro programa de gobierno. Estas iniciativas se llevarán a cabo sin desmedro de las políticas priorizadas durante la pasada gestión de gobierno, con la finalidad de mejorar el bienestar de la población”.
El proyecto contempla un aumento de RD$58,215 millones en el gasto público no financiero, y el 28% de ese incremento va dirigido a aumentar en RD$16,607 millones el gasto en salud, y RD$3,493 millones para la seguridad ciudadana. El 4% del PIB para la educación preuniversitaria captó un incremento de RD$13,125.4 millones.
Todas esas son partidas relacionadas con la llamada deuda social. La otra deuda, la financiera, tiene una alta proporción del presupuesto del 2017. Para el pago de los intereses de la deuda pública el monto especializado es de RD$114,865 millones.
Esas cifras revelan un presupuesto lleno de intenciones, pero prisionero de necesidades de difícil solución. Un reparto de escasez en un escenario de abundantes demandas. Escoger entre prioridades y necesidades, es una selección que al final deja grandes insatisfacciones. El caso del Poder Judicial es dramático. Un poder sin medios para alcanzar su misión equivale a nada. Sin una justicia fuerte la gobernabilidad siempre estará sometida al estrés de la inseguridad.
¿Habrá en el Congreso enmiendas? Lo dudamos.
