Presupuesto para la salud

Hay sectores del país que mueven cantidades de dinero impresionantes, a pesar de que no siempre se ven los resultados. Es el caso, por ejemplo, de la inversión en el sector salud.

Después de la aprobación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, se estableció una especie de formalización de los servicios de salud a través de suplidores del sector privado, cuyo sostenimiento corre por cuenta de aportes tanto de empleados como de empleadores: el Seguro Familiar de Salud (SFS).

De acuerdo con cifras oficiales, los planes de salud a través de ese nuevo esquema movieron el año pasado un total de RD$36,738.1 millones. Una cantidad que equivale a 1.9% del producto interno bruto (PIB), es decir, del tamaño de la economía nacional completa.

A esa cantidad se agregan alrededor de RD$33,369.1 millones que el Gobierno invirtió en salud el año pasado. Estos datos incluyen el presupuesto de Salud Pública, de los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), así como de otras instituciones públicas.

Cuando se suman las dos cantidades, se tiene que el sector salud de República Dominicana movilizó el año pasado la suma de RD$70,107.2 millones, es decir, el 3.69% del PIB. Esa cantidad es más que suficiente para que el país exhiba excelentes estándares de calidad y cobertura sanitaria. Sin embargo, no es así.

La realidad es que la inversión que hacen los patronos y empleados para los servicios que se ofrecen a través del SFS están debidamente supervisados, aunque no hay seguridad de que la mayor parte se dirija expresamente a la mejora de la salud. Es posible que muchas empresas y profesionales estén saliendo con buenas ganancias.

En el sector público es peor, pues no existen registros que demuestren la cuantificación exacta de la inversión, pues los datos que se han publicado son el resultado de las partidas económicas que el Gobierno publica en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.

Pero resulta que las entidades de salud del Estado no guardan registros de adónde va cada partida económica, qué se gasta en tratamientos específicos, camas, equipos, laboratorios, infraestructura hospitalaria y cualquier otro gasto.
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