El Gobierno necesitaría aumentar el 0.5% del PIB en programas sociales para poder cerrar las brechas de desigualdad de género que existen en República Dominicana. Eso es, unos US$335.5 millones o más de RD$15,433 millones. Esta cifra fue parte del resultado del informe preliminar “Hacia un piso de protección social con perspectiva de género en República Dominicana: escenarios y costos”, que hace un diagnóstico sobre esas brechas de género y a su vez identifica cuáles son los grupos más vulnerables y las tareas muy pendientes a priorizar en futuros programas sociales.
El documento, realizado por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia junto con el PNUD, ONU Mujeres y la OIT, pretende crear una ruta para implementar un piso de protección social en el país, que es un sistema que garantías básicas de seguridad social, a través de transferencias monetarias y otros servicios.
“Se habla de que alrededor del 0.5 del PIB habría que incluir más en los programas sociales”, explicó la directora del Gabinete de Políticas Sociales, Rosa María Suárez, al profundizar detalles de este informe. El cálculo fue hecho por elCaribe en base al PIB 2015 que era de US$67.10 mil millones.
Esta inversión está sujeta sobre la desigualdad de género que en cifras mencionó la vicepresidenta, Margarita Cedeño, al presidir la presentación del informe: el 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres, 44.5 mujeres de cada 100 forman parte de la fuerza laboral, mientras que en los hombres esta cifra es de 74.5. Además, de la diferencia salarial de un 20% menos, en promedio para las mujeres. Entre las prioridades de este piso de protección está fortalecer el régimen subsidiado de Seguridad Social para incluir a trabajadores informales, seguir educando para la inserción laboral y atender a envejecientes, discapacitados y jóvenes.
Falta institucionalidad y buen manejo del gasto
Corina Rodríguez, invitada experta en protección social, mencionó como desafío el manejo del gasto y la institucionalidad del Gobierno: “Fortalecer las capacidades institucionales es imprescindible para asegurar eficiencia en el gasto. Si nos vamos a abocar a esfuerzos presupuestarios para las transferencias y servicios importa que la asignación de este gasto sea eficiente”.
