El interés y debate por llegar a un pacto eléctrico en el país toma cuerpo y a juzgar por las propuestas surgidas, el tema es de interés no solo para organizaciones del ramo y para el Gobierno, sino también para personas independientes.De entrada, en el portal “Pacto Eléctrico”, creado y diseñado para que la gente se exprese libremente y diga lo que entiende que debe incluirse en un acuerdo colectivo, hay colgados desde hace días los puntos de vista de distintas instituciones.
De manera global, en la página diseñada para recibir las propuestas están presentes cinco renglones, que son: sector Gubernamental, Sociedad Civil, Expertos, sector Patronal y Otros (que está abierto para las propuestas que no entran en las menciones anteriores).
En la parte Gubernamental están colocadas las propuestas de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y las propuestas denominadas como “Gubernamental”. En el capítulo “Sociedad Civil” están contempladas las iniciativas sugeridas por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático; las de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y las de la Fundación Energía y Desarrollo. Mientras, en Sector Empresarial, figuran las del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y las de la Federación de Asociaciones Industriales (FAI). Mientras, en la sección habilitada para “Expertos”, perfectamente se puede conocer qué piensan y qué sugieren los conocedores del tema eléctrico, José Luis Actis (quien opina y propone sobre tarifas residenciales); José Felipe Geara – que hace sus propuesta relacionadas con el gas natural; así como Hipólito Núñez, George Reinoso, Felipe Santos Reyes, Eduardo Martínez, Darío Arias, Daniel Bodden y Bernardo Castellanos.
También están colgadas las sugerencias o propuestas de Cristian Sabala, Alberto Campagna, Peter Verheyen, Francis Evangelista Mejía, Manuel Titlan, Amín de la Rosa y Eduardo Martínez.
El empresariado, representado por el Conep, institución cúpula del sector privado, ha presentado una propuesta amplia, pero dentro de ella hay una que ha despertado un mal de reacciones negativas. La organización, como parte de un “paquete” ha planteado que se exima a los ayuntamientos del pago a las empresas distribuidoras de electricidad (Edes) por las inversiones que realicen en el alumbrado público, y en cambio pide “cargarle” ese costo a los usuarios.
El Conep también plantea que la Superintendencia de Electricidad (SIE) emita, mediante resolución, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la firma del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico, un reglamento que establezca las condiciones para que las empresas distribuidoras puedan subcontratar con empresas privadas, previamente aprobadas por la SIE la actividad de comercialización, que incluya la compra de energía y potencia, venta a los usuarios finales, así como los procedimientos que regirán esta subcontratación.
La propuesta de la parte Gubernamental explica que para los fines de coordinación de las unidades de generación térmica propiedad del Estado, se creará una empresa pública, diferente a la EGEHID, que actuará bajo la coordinación y lineamientos de la CDEEE.
La UASD propone asumir el compromiso de no acumular nuevas deudas, sobre la base de una revisión transparente de las mismas.
Se habla de regulación y de un marco regulatorio
El ciudadano Eduardo Martínez Plantea adecuar y actualizar el marco legal existente y aplicarlo en todos los sentidos, en la parte eléctrica. Sostiene que el papel regulador del Estado debe ser establecido a través de un marco normativo para el desenvolvimiento de cualquier iniciativa privada que fomente una mayor competencia cuando es posible y que corrija eventuales fallas del mercado.
Dice también que la regulación deber ser transparente, eficiente y estable, de forma que genere reglas del juego que faciliten la inversión privada con las características esperadas, evitando normas que distorsionen los precios, de modo que tanto las decisiones de producción como las de consumo resulten socialmente eficientes y a precios justos.
La FAI propone regular la construcción de infraestructuras eléctricas (subestaciones, redes, entre otros) por parte de los usuarios no regulados, de forma que no se produzcan “by-pass” de infraestructura existente y se pueda optimizar su funcionamiento y los costos del sistema en su conjunto. La organización plantea que se deben expandir las cooperativas eléctricas.
