Actualmente, cuando una persona es demandada por difamación, el medio de comunicación que divulgó la información también es pasible de ser encausada.El presidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, afirmó ayer que el aspecto de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que “arrastra” a los medios de comunicación en las denuncias de difamación e injuria es contrario a la Constitución y al Código Procesal Penal.
“La prensa no tiene ninguna responsabilidad de lo que yo diga y lo que ustedes reproduzcan, los hechos, son personales. La Constitución de la República Dominicana establece y el artículo 17 del Código Procesal Penal establece el principio de la personalidad de las penas: somos responsables en cuanto participamos del hecho ilícito”, explicó.
El artículo 17 del Código Procesal Penal dice que “nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal”.
Vólquez agregó que “la Constitución ha venido a decir que esa ley es inconstitucional en ese aspecto, el medio no puede ser responsable nunca”.
Aclaró que hay dos tipos de difamación: la difamación de derecho común que está consagrada en el artículo 367 del Código Penal y la difamación de Ley Especial que está consagrada en la norma número 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento.
“Ambas tienen el mismo propósito, la distancia es el procedimiento”, dijo. Explicó que la difamación es la imputación de un hecho falso que ataca el honor y la consideración de una persona y la injuria es cuando se generaliza lo que se dice. Indicó además que los jueces tienen la última palabra.
El Colegio de Abogados firma un acuerdo
Vólquez dio estas declaraciones tras firmar un acuerdo de cooperación mutua con el Instituto de Contadores Públicos Autorizados para realizar actividades académicas sobre derecho y contaduría pública, así como de asesoramiento en aspectos técnicos de contabilidad y auditoría. Con este acuerdo las instituciones darán a sus miembros descuentos para realizar cursos.
