Santiago. La medida de la Alcaldía de Santiago de cobrar hasta 400 pesos por día por la publicidad rodante, ha encontrado el rechazo de diversos sectores, incluido el empresariado.La resolución 2860-08, y que contempla aplicar ahora el alcalde Gilberto Serulle, establece que un autobús al que le sea colocada publicidad comercial o de propaganda pudiera costarle a una empresa hasta 25 mil pesos al año. En principio la tarifa sería cobrada por pies y le saldría en 400 pesos, de acuerdo a lo informado por el concejal Domingo Ureña, del Partido Acción Liberal (PAL).
Además, en el caso de transporte escolar, refiere que por la obtención de licencia anual que autoriza y certifica al medio de transporte y su conductor al transporte de estudiantes, incluyendo microbuses, minibuses, autobuses, “minivans” o cualquier otro medio, deberán pagar 300 pesos por pasajero dependiendo de la capacidad del vehículo por año.
Un engaño
Ureña recuerda que en principio la medida solo buscaba regularizar la publicidad exterior. El cobro de estos arbitrios se hará a través de la empresa Triple A. El alcalde Gilberto Serulle, quien pidió poderes especiales al concejo edilicio para aplicar el cobro, dijo que hasta ahora ha exceptuado a los medios de comunicación que utilizan vehículos rotulados. Indicó que los vehículos de los medios de prensa, al igual que los de la Policía Nacional, centro de salud, Defensa Civil, Cruz Rojas y Bomberos estarán libres de ese tipo de tributación, contenida en la resolución número 2719-05.
Expresó que lamentaba que se presentara esta situación por la falta de información sobre procedimiento y los criterios usados a través del Departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, las empresas Triple A y la Gestión de Servicios Múltiples (GSM) para establecer el cobro de los arbitrios a medios escritos e instituciones.
Consideran que cobro es inscontitucional
El regidor reformista en el Ayuntamiento, Rafael (Papito) Cruz, calificó de inconstitucional la disposición de un arbitrio sobre la Publicidad Rodante. Dijo que en la organización territorial, jurídica y política santiaguense, no es posible ni es racional económicamente que se establezca un tributo aplicable al tránsito de un vehículo por su demarcación”, dijo.
