En nuestra anterior entrega, presentamos la agenda de reformas que a nuestro entender debe emprender el país en este nuevo periodo. Esas reformas, las enmarcamos en tres áreas de importancia: la judicial, la económica y la política. Sobre esta última es que precisamente queremos enfocarnos en esta ocasión pues, en cierta medida, es la plataforma para el soporte de las demás. Sin reforma política sería muy poco lo que pudiéramos avanzar y por el contrario, seguiría el proceso de deterioro de los sectores que gravitan alrededor de la cosa pública. Para este tema que serán dos escritos, nos dedicaremos exclusivamente a formular las propuestas que consideramos pueden ayudar a fortalecer la institucionalidad política dominicana.
Comenzamos esta primera parte por la vida interna de las organizaciones políticas. Hace tiempo que urge establecer pautas claras sobre su desenvolvimiento. Quizás el aspecto más llamativo es el de los mecanismos para elección de candidaturas dado que con el pasar del tiempo, hemos visto cómo la práctica de que sean los militantes quienes escojan sus representantes electorales va desapareciendo. Esto llegó a su punto máximo en el pasado proceso eleccionario donde la dedocracia se impuso completamente sobre la democracia. Por ello, creemos que una ley de partidos estará incompleta si no incluye primarias obligatorias, simultáneas y organizadas de manera independiente de forma tal que podamos derrotar el fantasma de la injerencia política externa dentro de los procesos internos de cada partido.
Pero la vida interna de los partidos va mucho más allá de la escogencia de candidaturas cada cuatro años. También es preciso transparentar el proceso, mediante el cual los partidos deciden quiénes integrarán sus cúpulas dirigenciales. Las prolongaciones de mandatos, las asambleas amañadas o la no celebración de asambleas y demás métodos tendentes a perpetuar personas y sectores son parte de lo que ha contribuido a que los partidos en la mayoría de los casos sean feudos y no las vías de participación de los segmentos poblacionales que dicen representar. Por eso creo no puede ser dejada de lado la apertura de los partidos a mecanismos democráticos mediante los cuales sus distintos miembros puedan legítimamente aspirar a la directiva. Estableciendo esto con credibilidad, puede terminarse la triste realidad de la división política constante cada vez que cualquier partido, especialmente si está fuera del poder, entra en un proceso de renovación, visto como amañado e irreal.
De igual forma, siendo los partidos políticos receptores de fondos públicos desde la más reciente reforma electoral significativa, la de 1997, urge el transparentar la manera en que estos hacen uso de los recursos que reciben del erario. En varias ocasiones hemos propuesto que haciendo uso de la prudencia, se reduzca considerablemente la cantidad de recursos entregadas a los partidos políticos en años no electorales por el hecho de que no existe justificación para tan altos montos cuando no hay elecciones de por medio y sí muchas necesidades imperiosa en la población dominicana. Junto con ello, sea cual sea el monto, es hora de rendir cuentas reales y tener un régimen de consecuencias para quienes no lo hagan. Así, dejamos atrás el proceso de mutación en que los partidos se vuelven una empresa lucrativa.
