Toda tentativa para imponer reglas a la conducta y responsabilidad de los medios de comunicación lesiona el papel de la prensa independiente en una sociedad democrática. En los últimos años ha crecido la tendencia de los gobiernos a fijar reglas para definir el concepto de la responsabilidad periodística, como son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador y desde hace más de cinco décadas en Cuba, bajo el régimen de los hermanos Castro.
No es tarea fácil determinar cuáles son esos límites, a menos que sean los que se fije a sí mismo cada medio. Resulta chocante la aceptación que goza en ciertos medios periodísticos, tanto dentro como fuera del país, la teoría de que la potestad de establecer límites y reglas a esa responsabilidad cae o encaja dentro de las atribuciones del gobierno. La experiencia ha demostrado que siempre que la autoridad pública, cualquiera sea su naturaleza, pueda directa o indirectamente limitar esa responsabilidad, la independencia y la libertad de prensa quedan virtualmente suprimidas.
La intervención de un gobierno en el campo de la actividad periodística equivale a otorgarle la capacidad de decidir qué puede o debe publicar un diario. Transferir esa capacidad de las redacciones a los despachos de algún ministerio equivale a asestarle una puñalada a la libertad, y la posterior desaparición de una prensa crítica y libre.
No existe un solo ejemplo que permita dudar de esta aseveración tan categórica y bastaría citar como ejemplos los casos de Chile, en la dictadura del general Augusto Pinochet; de Cuba, bajo el régimen castrista y en Nicaragua, en la era sandinista y antes bajo la dictadura de los Somoza.
En República Dominicana ya sufrimos esa experiencia durante las tres décadas de trujillismo y en menor medida durante otros períodos grises de nuestra historia reciente.
