MEXICO — Un sacerdote que dirige un albergue para migrantes en el sur de México abandonó temporalmente el lugar después de recibir amenazas de muerte.
El sacerdote «se encuentra ausente temporalmente… resguardando su integridad física», anunció el lunes en un comunicado el albergue «Hermanos en el Camino», que encabeza el sacerdote Alejandro Solalinde.
Las autoridades del estado sureño de Oaxaca, donde se localiza el albergue, han dicho que investigan las denuncias.
Solalinde es un sacerdote católico ampliamente conocido en México por denunciar públicamente los abusos que sufren los migrantes, en particular centroamericanos, que cruzan el país para intentar llegar a Estados Unidos.
El albergue informó que Solalinde tiene previsto retornar, pero no precisó cuándo.
«La organización internacional de derechos humanos que trabaja estrechamente con Solalinde le sugirió que se alejara por un tiempo», afirmó José Alberto Donis, quien coordina las actividades del albergue.
En 2011, el sacerdote incluso implicó de manera pública al cártel de las drogas de Los Zetas en el secuestro de migrantes, un problema creciente. Asimismo criticó la policía corrupta.
«Sus declaraciones incomodan a los candidatos y a las pandillas del crimen organizado», destacó Donis. Indicó que la más reciente amenaza que recibió Solalinde tuvo lugar el 15 de abril.
Según el último recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo entre abril y septiembre de 2010 fueron secuestrados unos 11.333 migrantes en 214 plagios masivos, que en su mayoría nunca fueron aclarados.
Las autoridades mexicanas han admitido que ha habido funcionarios involucrados en algunas de las agresiones contra los migrantes.
Un grupo de expertos de las Naciones Unidas y de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos instó a México a que apruebe una ley propuesta que defiende los defensores de los derechos humanos.
Margaret Sekaggya, investigadora especial de las Naciones Unidas para el trato de los defensores de los derechos humanos, dijo que los activistas en México «necesitan desesperadamente la protección efectiva del estado, ahora».
«Siguen siendo objeto de asesinatos, ataques, hostigamiento, amenazas, y otras graves violaciones de derechos humanos», agregó.
