Con frecuencia los dominicanos se quejan de la falta de autoridad o de la inoperancia de ciertos departamentos o de instituciones que no cumplen de manera cabal las funciones que tienen a cargo. La denuncia de la Fundación Prensa y Derecho viene a confirmarlo, cuando revela que al menos 20 mil productos comestibles o medicamentos no tienen el debido etiquetado en español y tampoco cuentan con registro sanitario.
No solamente se violan las normas legales, sino que se refleja el descuido de las autoridades y particularmente la falta de seguimiento y vigilancia y sobre todo el rol que tienen a cargo. A la denuncia habría que agregar que no sólo se trata de falta de registro. En muchos casos el registro identificado no responde a la realidad.
La directora de Pro Consumidor reconoce la situación. Revela que se viene trabajando para superarla y refiere que en cualquier caso ha habido progresos, que en 2010 más del 60% de los productos de consumo no tenían registros sanitarios y que hoy sólo el 15% adolece del requisito.
Lo más penoso es que los productores y distribuidores en la generalidad de los casos tratan de cumplir las reglas pero Salud Pública no actúa oportunamente.
La situación ha obligado a Pro Consumidor a desactivar los mecanismos de control, persecución y sanción, porque simplemente los responsables de la salud colectiva no están haciendo su tarea.
Estos hechos revelan debilidades institucionales elementales que ameritan explicaciones, sobre todo por tratarse de una materia asociada de manera muy concreta con la calidad, garantía y seguridad de artículos de consumo masivo.
La irresponsabilidad no puede recaer de manera general sobre los productores, sino en estamentos del Estado, deficientes, frecuentemente a la zaga. Increíble, ¿verdad?
