Santiago, lo hemos dicho muchas veces, es un ejemplo a seguir como uno de los municipios donde los actores civiles juegan su papel, sea a través de la Asociación para el Desarrollo o de los diferentes órganos que integran a los sectores productivos de la provincia.
Hemos visto cómo reacciona ante el grave problema de la delincuencia y ya se adelanta ante una cuestión que no sólo afecta a esa ciudad, sino que es viral, y se ha extendido por todo el país: los ruidos.
Comunidades pequeñísimas cuyo centro de actividad “recreativa” lo constituyen colmadones u otros sitios donde instalan sistemas de amplificación que contaminan el ambiente.
A veces, en una sola cuadra, tramo de camino o carretera, se puede encontrar hasta seis locales que alteran la vida de los vecinos o de quienes pasan por las cercanías. Son los mismos sitios donde en ocasiones no sólo se consumen bebidas permitidas por la ley, sino sustancias prohibidas que estimulan la violencia.
En Santiago, nueve organizaciones del sector público y la iniciativa civil acordaron impulsar un movimiento para librar la ciudad de la contaminación sónica, que no sólo la generan los centros de expendios de bebidas, sino también personas individuales, que andan en sus vehículos con amplificadores ensordecedores.
A ellos se agregan conductores ruidosos, vendedores que utilizan altoparlantes y hasta evangelizadores que se consideran con derecho a inundar calles y avenidas con altoparlantes a altos decibeles, en el nombre de Dios. En algunos barrios, algunas iglesias que también se creen con derechos especiales otorgados desde el reino de los cielos, alteran las vidas de sus vecinos, con aclamaciones, cantos y gritos.
¡Qué bueno que Santiago haya reaccionado! Con los gestores del proyecto Santiago sin ruido, debían hermanarse otras comunidades víctimas de los bulliciosos y contaminantes ciudadanos que creen que tienen derecho a invadir todos los espacios, a veces sin darse cuenta que con ese proceder dañan la salud de las personas. l
