El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Mariano Germán Mejía dijo que en la Jurisdicción Inmobiliaria hay un caos que la a llevado a ser una entidad ineficiente.
“Los problemas más graves afectan la jurisdicción inmobiliaria. Hay un caos y si no lo elimino y hago de ella una entidad eficiente me consideraré fracasado. Como no estoy acostumbrado al fracaso apuesto al éxito y me he declarado en sesión permanente”. Reveló que solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas porque no tiene constancia de la inversión que se hizo y de la manera que se hizo.
Al disertar sobre “Los retos del Poder Judicial”, en un almuerzo-conferencia organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el magistrado plasmó los cinco desafíos del sistema judicial: afianzar con los demás órganos y poderes del Estado una cultura de respeto a la supremacía de la Constitución y de las normas relativas a los derechos fundamentales; cumplir y fortalecer los pactos, convenios nacionales e internacionales; eliminar la mora judicial en los tribunales y resolver las graves deficiencias que afectan la Jurisdicción Inmobiliaria.
También mantener una labor constante de capacitación de los servidores judiciales, mejorar sus condiciones salariales y de servicios sociales, tecnológicas e institucionales para la prestación de los servicios del Poder Judicial; mantener una constante vigilancia sobre la conducta de los servidores judiciales, para así construir un Poder Judicial en condiciones de formar parte importante de un frente institucional contra la criminalidad; y el quinto reto es trabajar por una mejor justicia.
El magistrado Germán Mejía recordó que en 1999 se inició en la Jurisdicción Inmobiliaria un programa de modernización con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$32,000.000.00 y un aporte de la Suprema Corte de Justicia de US$8,000.000.00, que sumados son US$40,000,000.00.
Este programa, que se extendió hasta febrero 2006, y más adelante hasta el año 2007, perseguía simplificar los procedimientos y gestión de despachos judiciales, registros, catastros, elaboración de los reglamentos de los Tribunales, Registros de Títulos, Mensuras Catastrales, estructuración de un nuevo modelo organizacional de la Jurisdicción Inmobiliaria y el uso de nuevas tecnologías; pero en 2007, no se había logrado alcanzar más del 30% de la implementación, quedando pendientes inconsistencias en la información registral de títulos, errores y faltas de precisión en la información geográfica de los planos de mensura, falta de asientos registrales, etc.; todo esto, pese haberse invertido solo en la adquisición del SIRCEA (Sistema de Recuperación, Control y Explotación de Archivos), SIGAR-DRMC (Sistema de Gestión y Automatización Registral), SISET (Sistema de Seguimiento de Expedientes en los Tribunales de Tierras), SITRI Y SICyP (Sistema Cartográfico y Parcelario de la JI) la suma de US$3,037,450.73.
Añadió que al final del mes de agosto del citado año 2007, y por no tener constancia de los avances que se perseguían, se inició la segunda etapa de la Reforma con el Programa de “Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria”, mediante la concesión de un nuevo préstamo del BID, por US$10,000,000.00 y una contrapartida de la Suprema Corte de Justicia ascendente a US$8,000,000.00, por un período de tres años, que finalizaría el 30 de junio de 2011.
Luego, la SCJ aprobó un desembolso para completar el desarrollo de la Reforma JI, por la suma de US$15,232,718.73 con la cual la inversión en dicha Jurisdicción pasó a ser de US$65,312,718.73, y adicional a esta inversión, por aportes de la SCJ-BID, por concepto de tasa por servicios se aportaron a la modernización de la indicada Jurisdicción la suma de RD$330,318,669.91.
Germán Mejía manifestó que a pesar de esta gran inversión, y haber pasado el tiempo previsto para la implementación del SIRCEA, SIGAR, SISET, SITRI y SICyP la ejecución de estos programas no alcanzan a lo sumo más que el 20%. En efecto: Al momento sólo seis registros de Títulos operan con la plataforma SIGAR y en no más de un 40% de la capacidad operacional. Los demás continúan con el viejo sistema registral, De un total de 170,250 expedientes de Tribunales que reposan en poder de la JI, sólo se han automatizado 4.82%; de los 909,278 expedientes de Registros de Títulos el 97.83% no está cargado al Sistema (SIRCEA).
Así mismo, el sistema creado para la integración de la información y consulta al usuario (SITRI) nunca se inició su implementación, el Sistema para el Control Parcelario sólo se implementó un 40% y al día de hoy contamos con un informe del consultor a cargo de la implementación en el que recomienda no seguir el proceso, porque no tiene el alcance en soluciones, ni ofrece seguridad en el control de mensuras.
El magistrado refirió que de los 24 Registros de Títulos a nivel nacional, 17 funcionan sin una gestión automatizada; hay 21,754 expedientes observados en los Registros de Títulos a nivel nacional, de 23 Tribunales de Tierra, 8 están pendientes de automatizar.
“No existe un sistema de integración de la información de los sistemas de gestión, para la investigación interna o consulta del ciudadano, no existiendo un número de expediente único, para que se pueda dar seguimiento al estado del mismo”, señaló.
Agregó que se registra un marcado retraso en la emisión de las sentencias por parte de los Tribunales Superiores de Tierras y en los de Jurisdicción Original.
“De 909,278 expedientes de Registro de Títulos almacenados en el archivo central, está pendiente cargar el 97.83% de las imágenes al sistema”, enfatizó.
El juez presidente de la SCJ señalo que ante tantas irracionalidades, entiende que, las intenciones pudieron ser buenas, pero su implementación fracasó. “Los usuarios dicen que hoy en día estamos peor y los técnicos dicen que muchos de los proyectos hay que abandonarlos porque no conducen a una solución”, afirmó.
El magistrado Germán Mejía resaltó que su meta es que dentro de un tiempo, que no será muy lejano, pero tampoco mañana, cuando le pregunten por la Jurisdicción Inmobiliaria poder decir que “los más de seis mil documentos listos que hay en el Registro de Títulos fueron entregados, que se concluyó el proceso de tecnificación del Registro y que logramos poner los expedientes al día y no hay mora. En fin, que el sistema es confiable. Es un compromiso que ratifico ante ustedes”. Señalo algunas medidas y compromisos que asumió para mejorar la situación.
Mora judicial y medidas de coerción
El también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) manifestó que de los libertados con medidas de coerción no privativas de libertad sólo una tercera parte es juzgada; quedándose sin sanción judicial las dos terceras partes.
“Las medidas de coerción no privativas de libertad están pues conduciendo hacia una gran impunidad; fenómeno que debe preocupar a todos los sectores de la justicia”, explicó.
Al hablar de la mora judicial dijo que a su llegada a la SCJ Suprema Corte de Justicia hizo un inventario de expedientes pendientes de fallo hasta diciembre de 2011 encontrando 96 pendientes de fallos, los cuales han fallado. En la Primera Sala (Sala de lo Civil y Comercial), al finalizar el año 2011 y sólo durante ese año, fueron fallados 478 expedientes, quedando pendientes de fallo un total de 9,533, y luego de la toma de posesión de los actuales jueces han sido fallados 856 expedientes.
En la Segunda (Sala de lo Penal) se registra la particularidad de que al entrar en vigencia la Ley Núm. 76-02 (Código Procesal Penal) los expedientes en curso fueron liquidados conformes el artículo 5 de la Ley Núm. 278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal de la Ley Núm. 76-02, por lo que no ha habido lugar a una notoria acumulación de expedientes.
En el 2011, para conocimiento de la citada Sala ingresaron 2,151 expedientes, a los cuales se sumaron los pendientes del año anterior, y fueron fallados 2,299, quedando solamente pendientes de fallo 37; mientras que la Tercera Sala (Sala de Tierras, Laboral y Contencioso Administrativo y Tributario), al finalizar el año 2011 y sólo durante ese año, fueron fallados 554 expedientes, quedando pendientes de fallo un total de 1,212, cantidad de la que han sido fallados 568 expedientes.
Al hablar del primer reto sobre el respeto institucional, resaltó que le “Satisface la creación del Tribunal Constitucional y me atrevo a decir que su aparición no será causa de inestabilidad institucional”.
Agregó que se deben respetar los 71 convenios de colaboración que ha firmado el Poder Judicial en los últimos 15 años con entidades especiales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y gremios profesionales
Al hablar sobre las tecnologías dentro del Poder Judicial dijo que Necesitamos más estructuras físicas en los tribunales existentes y construir nuevas edificaciones, entre las cuales se encuentra, de manera prioritaria, la construcción de un Palacio de Justicia para la Provincia Santo Domingo y adquirir aproximadamente 2,000 computadoras, en razón de que la mayoría de las que tiene fueron adquiridas hace aproximadamente 10 años.
Agregó que “El desarrollo material, tecnológico e institucional será un aliado en la lucha contra la criminalidad”.
“Una parte importante de la ciudadanía entiende que la culpa del aumento de la criminalidad es de los jueces, porque, según ella, deciden por miedo, por capricho, por amistad, por familiaridad, por conveniencias personales, por contubernio, y por qué no expresarlo con la frase más comúnmente utilizada: porque reciben dinero”, explicó.
Al hacer nuestros estos retos, no echaremos pulso con ningún otro Poder u órgano del Estado, seremos un brazo más para levantar las manos por la grandeza de la Patria. Tampoco aspiramos a ser imperio sino parte de la Nación y juntos a los demás Poderes y órganos contribuir a la definición de nuestra nación y del mundo.
