México es un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de seguridad ciudadana. El Plan Mérida, acordado con los Estados Unidos, puso en manos de éste el manejo de la seguridad ciudadana, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Los norteamericanos aportaron 400 millones de dólares para atribuirse ese derecho de manejo.
Al inicio del Plan la tasa de criminalidad en todo Méjico era de diez homicidios por cien mil habitantes; en este momento, por su alta criminalidad, luce como un Estado ingobernado y casi fallido.
Los norteamericanos fracasaron al poner en ejecución medidas típicas de un enfrentamiento bélico, provocando con violencia una peor situación. El estilo guerrerista no es para ser empleado en la seguridad ciudadana, por eso estamos presenciando tanto descontrol; por demás, surgió un comercio ilícito de armas de guerra realizado por empresas y armerías norteamericanas que venden armas a delincuentes y narcotraficantes invocando lícito comercio, dándoles mayor capacidad de fuego que la que tiene la policía.
En asambleas de ministros de interior y seguridad, organizadas por la OEA, las autoridades mejicanas han reclamado a los representantes de los Estados Unidos, sin lograrlo, la necesidad de darle término, como acuerdo de ambos países, a ese comercio.
A diferencia de Méjico y los países de Latinoamérica, los Estados Unidos tiene instituciones sólidas, con competencias definidas; a pesar de eso está a la vista que el Plan Mérida fracasó. Está, asimismo, por verse cómo asume el reto para detener el asomo de violencia en su propio territorio, por enfrentamientos raciales.
Su fortaleza es incomparable con la debilidad de las instituciones mejicanas, las cuales cargan con el desorden creado por el manejo torpe y bélico del tema. La rebelión cívica en Méjico produce ingobernabilidad, lo cual puede conducir a un régimen militar o a un Estado fallido.
Es conocido que la policía mejicana viene arrastrando un comportamiento ilícito. La descentralización, falta de formación y de cualificación, la han convertido en un cuerpo disperso, sin cadena de mando ni controles. Esto último también ocurre con la policía dominicana. El gobierno debe priorizar su modernización en su estructura operativa, fortalecer su cadena de mando y preparar sus recursos humanos.
La policía no es una institución democrática, ese no es su papel; su competencia es el uso racional de la fuerza para contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, subordinada al poder civil expresado en el Ministerio de Interior.
Debe estar entre las primeras instituciones en ser modernizadas, en beneficio de un ambiente controlado para el ejercicio de los derechos. El poder represivo del Estado moderno descansa en ella, por ser ella y no las fuerzas armadas, quien interviene en su nombre en el uso racional y medido de la fuerza dirigida por el poder civil expresado en el Ministerio de Interior.
El Estado Dominicano, según opinión doctrinaria de constitucionalista, es uno de pocos que ha consagrado en la Constitución claramente enunciados, además de los derechos políticos, los derechos fundamentales; en otros solo figuran los derechos políticos. Sin embargo, seguridad ciudadana es el ejercicio de todos y por eso involucran a todas las instituciones del Estado.
Todas las instituciones son necesarias para la seguridad ciudadana, por eso donde hay altas tasas de criminalidad es porque falla el Estado. l
