En un almuerzo en este diario con representantes de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), descubrimos que el seguro de vida individual, ha desaparecido del mercado dominicano, y que sólo quienes tienen los medios lo obtienen en el mercado exterior.
La causa de la desaparición extrañamente es el régimen impositivo dominicano, que grava el seguro individual, un recurso tan vinculado al sentido de protección y bienestar de las familias.
Quienes propiciaron un gravamen selectivo a ese servicio encontraron que constituía un medio para aumentar las vías de recaudación del Estado. O quizás un lujo propio de determinadas élites.
Pero ahora, con un selectivo de 16%, el seguro de vida simplemente no se vende en el país, lo que es inusitado. Dirán que los más pobres, por los que tanto nos preocupamos, no lo necesitan. La realidad es que si existieran las posibilidades, familias de clase media baja, media o alta, optarían por ese instrumento.
La realidad expuesta por los miembros de Cadoar es que el Estado deja de percibir RD$700 millones cada año porque quienes se aseguran individualmente optan por hacerlo en el exterior, y por esa vía deja de recaudar los ingresos esperados. Tampoco se benefician las aseguradoras.
Si el gobierno renuncia a un impuesto que no le sirve para nada, entonces podría revertir la situación y contribuiría a propiciar que miles de familias puedan alimentar la percepción de seguridad mediante la compra de una póliza de un seguro de vida en el mercado local.
Si se crean las condiciones, el mercado del seguro de vida se activaría. Surgirían nuevas oportunidades de trabajo. Como dice Cadoar, el agente de seguro, el famoso vendedor de ese servicio reaparecería y con el mismo, un tipo de negocio que estimularía al sector, que por esa actividad generaría más riquezas, de las cuales se favorecería el Estado.
Quizás quienes hoy compran seguridad en el exterior, simplemente lo harían aquí. También estimularía a otros a buscar seguridad familiar a costos menos onerosos. Naturalmente, si no se establece un cartel entre los aseguradores.
El gobierno debe ponderarlo, con todas las implicaciones.
