Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Municipal, Poder Electoral y Poder de Control Estatal constituyen los seis poderes del Estado. Dado que en una democracia la soberanía pertenece a las ciudadanas y ciudadanos de la nación, los poderes referidos son por tanto poderes delegados; es decir, los funcionarios y empleados que ocupan los distintos puestos están ahí para cumplir las correspondientes responsabilidades y tareas. No hacerlo es un atentado a la convivencia pacífica y al desarrollo.
Las ya constantes denuncias de actos bochornosos en muchos ayuntamientos secuestrados por personajes políticos y allegados, que hasta exhiben una escandalosa riqueza expresada en lujo y derroche con el dinero ajeno, desdice del Poder Municipal como lo concibiera por primera vez Juan Pablo Duarte en su proyecto de Constitución de 1843.
El Poder Judicial carece de credibilidad debido a sorprendentes decisiones de jueces que no actúan como tales; y principalmente, por la politización sectarial en la conformación de los respectivos órganos que anula la honorabilidad que ha de corresponderle.
El Poder Electoral, que entre sus principales responsabilidades incluye la celebración de elecciones transparentes, no se involucra para enfrentar los conocidos mecanismos que hoy predominan para distorsionar la libertad de elección fundamento de la soberanía popular.
Si el Poder Ejecutivo está para implementar acciones en importantes áreas de la sociedad entre las que se destacan educación, salud, seguridad ciudadana y energía, entre otros, ¿cómo explicar que a pesar de tener un numeroso equipo de funcionarios y empleados, en los últimos 20 años se ha progresado tan poco que el país ocupa los peores lugares entre 144 naciones de acuerdo a indicadores de reputados organismos internacionales? De ahí que en cuanto al Poder Ejecutivo hoy todo luce como el primero de los 20 años.
El Poder de Control Estatal denominado así para su mejor comprensión y a ser rediseñado, comprende las responsabilidades propias de la Cámara de Cuentas y la Contraloría, integrables en una sola institución, ha de actuar sobre los demás poderes para que no sólo administren con honestidad los fondos públicos, sino que cumplan con los importantes objetivos, actividades y tareas que les competen. El Poder Legislativo en adición a la creación de leyes ha de asumir también responsabilidades de control.
Siendo el Estado el más alto nivel de organización de la sociedad, una efectiva dirección y gestión de cada uno de los poderes referidos en consonancia con la soberanía delegada, es el camino hacia una auténtica convivencia pacífica y el desarrollo social. Es la merecida respuesta a tantos sacrificios en el discurrir histórico de la nación dominicana.
