El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) proclamó que el Estado otorgó acta de nacimiento a más de 24,000 descendientes de haitianos, que han venido desarrollándose en el país, los cuales han sido afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), por lo que ahora debe busar una solución a la situación.
“El problema es que hay 24,000 gentes que el Estado les dio una acta de nacimiento y cuesta trabajo que el Estado ahora se la venga a quitar, ese es el debate y no otro”, enfatizó al ser entrevistado en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV.
Planteó que con la situación se ha creado un problema muy serio al Estado dominicano y afirmó que ninguna de esas personas hizo fraudes, sino que iban con los carnets y que al parecer había una política de Estado donde se les daba su acta de nacimiento.
Asimismo, planteó que los padres que declaraban a esas personas no decían que tenían acta de nacimiento dominicana, sino un carnet que lo acreditaba que trabajaban en un ingenio y el oficial del Estado Civil lo reconocía como dominicano.
Castaños Guzmán advirtió que el Estado no se puede valer de su propia falta, por lo que el asunto debe ser analizado con lógica y sin pasión.
“Esa es una situación de Estado, que incluso la ha cambiado la agenda al Presidente de la República”, subrayó.
Planteó que hay cosas en las que el gobierno no se puede meter, porque no están en su ámbito. Sin embargo, dijo que hay otras que son de su responsabilidad.
“Por ejemplo, resolverle el problema a quienes el Gobierno o el Estado, por la razón que fuese, le dio acta de nacimiento, esa es una realidad, aunque no nos guste”, argumentó.
Dijo esperar que el asunto sea resuelto sobre la base del consenso y que la propuesta no vaya a afectar los derechos adquiridos de personas a las que el Estado en su momento les dio documentación.
“Nosotros advertimos en su momento que por el carácter controversial de esa decisión, con la que tú podrás estar de acuerdo o no, iba a generar, no solamente en el país, una serie de debates, sino que también iba a generar internacionalmente algunas controversias”, subrayó, de acuerdo a una nota de prensa del programa.
Consideró que como ahí hay situaciones y elementos de Estado, el presidente de la República iba a tener que intervenir y sobre la base del consenso tener que construir una propuesta normativa, a los fines de ver de qué forma desde el punto de vista humanitario se le da respuesta adecuada a personas que resultaron afectadas por la decisión del TC.
Aseguró que la Finjus apoya la iniciativa del presidente Danilo Medina, de consultar a sectores sobre la salida que debe dársele al problema y calificó como brillante el rol que está jugando el mandatario, como protagonista del tema.
“En este caso, el presidente Danilo Medina se ha comportado como un estadista, los estadistas son los que gobiernan para el porvenir”, acotó.
La regulación del Derecho
Por otro lado, el vicepresidente de la Finjus calificó como una “barbaridad” el que universidades otorguen un título a estudiantes de derecho que asisten a clases solo una vez al mes.“Una profesión que es verdad que se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, en donde la lógica juega un papel estelar”, proclamó.
Castaños Guzmán observó que no ve mal la idea de que se someta un proyecto que pueda contribuir a regular el ejercicio del derecho en la República Dominicana.
“Yo lo que he cuestionado es la forma, el contenido, de cómo se planteó o cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia plantea la regulación, que para mí está totalmente distorsionada”, subrayó.
Se mostró en desacuerdo que sea el Consejo del Poder Judicial que tenga a su cargo la parte disciplinaria de los abogados. También calificó como una distorsión que el Colegio de Abogados pretenda regular a los notarios, situación que califica como una distorsión porque éstos tienen una ley que se viene implementando de manera exitosa desde el 2005.
Castaños Guzmán dice que el proyecto de la SCJ establece un sistema de pasantía de dos años, luego de obtener el título de la carrera, la cual apoya parcialmente.
“Yo estoy de acuerdo con la pasantía, pero no después que tú te gradúes, yo quiero que la pasantía sea parte del programa académico y no dos años, creo que cuatro o seis meses son suficientes como para poder someter un programa de pasantía”, acotó.
Asimismo, propone que ese proceso sea regulado por las universidades.
Dijo que está de acuerdo que hay una Comisión de Habilitación, integrada por el Ministerio de Educación Superior, el Colegio de Abogados, un representante de la Mesa de Decano de las Universidades, las escuelas del Ministerio Público y de la Judicatura, para el ejercicio de la profesión del derecho.
