La Junta Central electoral es posiblemente una de las instituciones de mayor importancia para la organización de la sociedad, no sólo porque se encarga del montaje de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como del buen funcionamiento interno de los partidos políticos; sino además, porque es el órgano responsable del registro civil.
Los nacimientos de dominicanos y extranjeros en el país, celebración de matrimonios y el registro y documentación de defunciones son los indicadores que marcan el buen funcionamiento de un país en cuanto a lo más importante: las personas que lo habitan.
Cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes son designados cada cuatro años en ese órgano por el Senado de la República.
Lo ideal es que los titulares de la JCE actúen en armonía, con sus diferencias, pero respetando los procedimientos institucionales y manteniendo una operatividad efectiva de esa importante entidad.
Sin embargo, en los últimos meses han surgido diferencias internas que cada vez se tornan más notorias, pues trascienden a los medios de comunicación y sus miembros dejan ver sus posiciones, no sólo discrepantes, sino que en ocasiones hasta surgen cuestionamientos entre algunos miembros.
La situación ha llamado la atención de dirigentes de importantes partidos políticos y desde el Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se ha requerido la presencia del presidente de la JCE para conocer detalles sobre temas como la documentación de hijos de inmigrantes haitianos, pero con el elemento adicional de que dentro de la propia Junta no hay consenso entre sus miembros sobre ese tema.
El presidente del Senado ha anunciado que propondrá una comisión bicameral para investigar la situación interna de la JCE y buscarle una salida a las diferencias hechas públicas. Esperemos que de este proceso resurja la armonía interna en el órgano electoral.
