La resistencia manifiesta entre la inmensa mayoría de los que tienen más fortuna para afrontar la vida y más capacidad para seguir generando riquezas en la pródiga tierra dominicana a hacer concesiones para facilitarles la cosa a los que menos pueden, constituye una amenaza a la paz y en nada contribuye al clima de seguridad que deben abonar cada día.
Por eso no se explica la actitud inflexible de esos señores, incluso, a sentarse a la mesa con quienes gobiernan la nación para revisar cualquier asunto que afecte el país. En ese sentido no nos explicamos el rechazo tajante a considerar – aún fuese por cortesía— la declaración del presidente Danilo Medina de que el próximo pacto a ser suscrito debe ser el eléctrico.
Si resulta angustiante para el gobernante lo que está ocurriendo, el sólo hecho de pensar que uno de los causales que estimulan el déficit fiscal puede prolongarse por siempre, sin posibilidad de revisarlo, tiene que empujarlo a una profunda preocupación.
Y en esa perspectiva, no se comprende por qué no se pueden discutir los asuntos que afectan el país, sobre todo si nos referimos al tema eléctrico, uno de los más críticos causales del déficit del que tanto se habla.
En la electricidad se juega la vida del país, no sólo porque constituye una de las mayores cargas del gobierno, que está disponiendo sólo este año más de mil 600 millones de dólares para sostener el sistema, sino porque impacta toda la actividad productiva y la seguridad ciudadana.
En una situación como esa, que ha debido llevar al gobierno a declarar un estado de emergencia nacional, de excepción, para encararla a fondo, no se debe desafiar a las autoridades advirtiendo que no se puede negociar lo consumado en Madrid hasta el 2016, cuando el país ya habría desvanecido.
La Nación requiere sensatez de sus actores, y disposición a colaborar para resolver los asuntos.
La soberbia no ayuda.
