¿Sabía usted que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, la República Dominicana es el país que tiene mayor cantidad de agentes policiales por cada cien mil habitantes? Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (ONUDD), hasta hace poco, República Dominicana tenía 605.48 policías por cada 100,000 habitantes, una cifra muy por encima del promedio de los países en vías de desarrollo, en los que el promedio es de 350.19 policías por el mismo denominador.
Para completar el cuadro estadístico, es importante señalar que, de acuerdo con la misma fuente, en los países con menor desarrollo la tasa era de 172.98 policías y en los desarrollados era de 266.04.
Estos datos son importantes porque una reforma policial integral como la que se ha propuesto el gobierno del presidente Danilo Medina, debería tomar en consideración, entre muchos otros elementos, una evaluación del desempeño de nuestra Policía Nacional, partiendo de una evaluación de las tareas que desempeñan sus oficiales y agentes.
¿Qué cantidad de los policías que forman parte de la institución está dedicada a las tareas de prevención y combate del delito? ¿Cuántos están asignados a escoltas o trabajan como “encargados de seguridad” de negocios particulares? ¿Cuántos tienen que “dejar” sus cheques en manos de quién sabe para “buscarse” en la calle un empleo con mayor remuneración? ¿Cuántos han dejado de ser “auxiliares de la justicia criminal”, para ejercer todas las ramas del Derecho? El tema es complejo, como lo señaló el propio presidente Medina en su reciente discurso ante la Asamblea Nacional. Y no me cabe la menor duda de que será abordado teniendo como telón de fondo un concepto social de la política criminal, y no la tradicional concepción legalista-estatista.
En ese orden, la propuesta de reforma y sus documentos bases deberían tener la mayor difusión posible, no sólo por la necesidad de que se produzca un “debate informado” sobre sus principales componentes, sino para que la sociedad pueda participar del proceso y perciba que lo que resulte sea el resultado de un esfuerzo ciudadano. ¿Qué piensa la población de su policía? ¿Qué espera la gente de la reforma? ¿Cómo debe ser la policía que queremos? ¿Cómo se percibe la misma policía? ¿Qué piensan los familiares y vecinos de los policías? Son preguntas que ojalá pudiéramos traducir en números y porcentajes, o sea, objetos de medición.
Necesitamos una mejor policía, con un desempeño medible, pero para ello debemos mejorar sus condiciones salariales, laborales y sociales. La reforma policial integral debe implicar pasar de la policía que tenemos hacia la policía, si no que queremos, al menos que necesitamos.
