La criminalidad y toda forma de violencia que estamos padeciendo los dominicanos, como si viviésemos una pesadilla de la que no despertamos, ha provocado que algunas instituciones parezcan desbordadas, imposibilitadas de cumplir con su papel. Como si no pudiésemos implantar las normativas previstas en el estatuto de nación y retrocediésemos a un estadio primitivo.
¿Cómo detener esa carrera hacia el precipicio? La respuesta la tenemos a mano. Requerimos de una institución judicial con capacidad para administrar la cotidianidad, las recurrentes violaciones de las leyes, con un mínimo de celeridad, de modo que la justicia retardada o peor servida no se convierta en causa de desconfianza de la ciudadanía.
Entonces, es clave que quienes gobiernan la administración judicial comprendan la necesidad de que la sociedad sienta que el sistema funciona. Esto, en este momento, es una tarea extraordinaria, competencia de los jueces y el Ministerio Público.
Todo esto es primario, consustancial a ese poder del Estado. Y la realidad es que no debía ser objeto de discusión o debate nacional. Lamentablemente, la quiebra de la sociedad dominicana nos condena a plantear una cuestión que en términos formales no tiene razón de ser: la impartición oportuna y decorosa de justicia.
Si esa materia estuviera liberada con la mejor calificación, probablemente la ciudadanía se convenciera de que la verdadera garantía del Estado de derecho es la justicia, pero una justicia de verdad, garante de la ley, solucionadora de los conflictos entre personas físicas o morales, juzgando con dignidad. Y especialmente, como dice la Constitución, haciendo ejecutar lo juzgado.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, tiene la fórmula para lograrlo: Los jueces “deben respetar la Constitución y las leyes, desempeñar fielmente los deberes en su cargo, guardar el secreto de las deliberaciones y conducirse con dignidad, decoro y mantener la conducta ética que garantice la confianza que debe tener todo juez”.
Claro, la sociedad, el Estado como conjunto, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tienen que instituir un régimen digno de vida para jueces y procuradores fiscales. Gente comprometida, que resista la corrupción y la prevaricación.
