En los próximos días los propietarios de terrenos en Valle Nuevo someterán un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) tras considerar que el Ministerio de Medio Ambiente viola el derecho de propiedad establecido en el artículo 51 de la Carta Magna.
Así lo reveló Manuel Fermín García, uno de los abogados de las empresas recurrentes Granja Mora, Flores Antillanas y Flores Purama afectadas con la resolución 14-2016 del Ministerio de Medio Ambiente que prohíbe las actividades agropecuarias dentro del parque nacional.
“Que sepa el Ministerio de Medio Ambiente que va a tener que respetar la Constitución y que en ese tenor tendrá que necesariamente indemnizar a estas personas si quiere disponer de esos inmuebles”, dijo.
Ayer, el presidente del TSA, Rafael Vásquez Goico, aplazó para el próximo miércoles 25 el fallo de la medida cautelar que procura la suspensión de los efectos de dicha resolución.
El juez rechazó el conocimiento de la medida provisionalísima ( procedimiento para garantizar la tutela judicial efectiva mientras se conoce el juicio cautelar) solicitada por los representantes de las empresas citadas, mediante la cual se buscaba la verificación del plazo otorgado por Medio Ambiente para el retiro de todo cultivo dentro del área protegida. Durante la audiencia, Fermín García y Manuel Guerrero, abogados de la parte impetrante, trataron de demostrar que el plazo de 120 días establecido en la resolución no vence el 29 de este mes, como afirma la institución, sino el 10 de marzo. Alegan que la publicación íntegra de la medida se publicó el 9 de noviembre en el periódico elCaribe.
En ese sentido, calificaron de arbitrario al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, al disponer la militarización del parque nacional ubicado en Constanza.
Abogados del Ministerio defienden procedimiento
Los abogados de Medio Ambiente, Ignacio Susana y Rafael de la Cruz, afirmaron que la publicación del contenido de la resolución se publicó en la página web de la institución el 29 de septiembre del año pasado. La representante del Ministerio Público, Aracelis Peralta, pidió que se rechace la solicitud de la medida cautelarísima, por no existir peligro de la demora.
