Una de las apuestas más relevantes de los primeros dos años de la administración Medina ha sido el diseño y la puesta en operación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, amparado en la Ley No. 140-13 y reglamentado por el Decreto 187-14.
El objetivo de la Ley que ampara el Sistema es establecer el 9-1-1 como número único de contacto a nivel nacional para la recepción de reportes de emergencias, tramitación y atención de éstas (Ley 140-13. Art.1); en adición a esto, la propuesta gubernamental articula todo lo relativo a la organización y al funcionamiento del Sistema, de manera que esté garantizada la operatividad y su adecuada implementación, lo que supone un esfuerzo importante de coordinación de las instituciones públicas y privadas involucradas (Decreto 187-14. Art.1).
En una primera fase la implementación se localiza en el territorio correspondiente al Gran Santo Domingo (con excepción del municipio de los Bajos de Haina), abarcando ocho (8) administraciones locales, en donde habita más del 35% de la población del país, establecida en una superficie que sobrepasa los 1,400 km y donde se concentra el mayor porcentaje de las actividades productivas, sociales y económicas de la nación; lo cual hace de esta primera etapa un desafío significativo para las aspiraciones de continuar una segunda fase por una serie de municipios y posteriormente cubrir toda la geografía nacional.
La puesta en operación del Sistema 9-1-1 es una oportunidad para impulsar un proceso de planificación en el territorio de los sectores vinculados a las emergencias y a la seguridad en todo el país, de manera que el lugar en donde se localiza la oferta de estos servicios esté articulada al sitio en donde se encuentra la población demandante. Para esto se requiere consolidar el levantamiento de la información territorial, que permita a los planificadores sectoriales contar con los datos necesarios para construir de manera conjunta un instrumento que organice las actividades en el territorio; localizando la oferta (hospitales, centros de atención primaria, estaciones de bomberos, destacamentos de la policía nacional, unidades de respuesta, etc.) y la demanda (urbanizaciones residenciales, sectores comerciales, escuelas, etc.), en función de las necesidades de la población y de las estadísticas levantadas en las distintas comunidades.
El ordenamiento en el territorio de todo el sistema de atención de emergencias y seguridad, permitirá una mayor efectividad ante las demandas de la población; garantizando la sostenibilidad de este esfuerzo, involucrando los gobiernos locales y contribuyendo a que esta iniciativa trascienda los periodos gubernamentales.
