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MP tiene 17 pruebas contra fiscal de Peravia

Diecisiete son los elementos de pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción hecha por la Procuraduría General de la República contra el fiscal del Distrito Nacional Ysidro Vásquez Peña.

Diecisiete son los elementos de pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción hecha por la Procuraduría General de la República contra el fiscal del Distrito Nacional Ysidro Vásquez Peña.Con esos medios probatorios, alguno de los cuales serán proyectados en audiencia, el órgano acusador pretende demostrar que el fiscal para casos mayores habría recibido 125 mil dólares de Nelson Cabral para que no fuera procesado en el caso seguido a los principales ejecutivos del Banco Peravia.

De serle impuesta algún tipo de medida de coerción a Vásquez Peña; prisión preventiva, garantía económica, presentación periódica, se corre el riesgo de que toda la investigación que se llevó a cabo y que permitió que siete personas fueran enviadas a prisión sea anulada, denunciaron ayer algunos abogados.

César Amadeo Peralta representante de uno de los principales querellantes contra José Luis Santoro y los demás ejecutivos del Peravia, dijo que si el juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito, impone coerción, abre las puerta para que todos los imputados en el proceso soliciten la anulación del proceso alegando que hubo prevaricación y que no se hizo de manera veraz.

La audiencia fue reenviada para el viernes 22 de enero a las diez de la mañana a los fines de que el defensor público, Rodolfo Valentín, asignado al fiscal, tome conocimiento del expediente y pueda presentar sus argumentos de defensa así como sus presupuestos de arraigo.

Valentín alegó que fue el martes a las 4:00 de la tarde que le asignaron el caso por lo que no había podido tener contacto con su defendido y que para que se le garantice el derecho a la defensa e igualdad de parte en el proceso judicial solicitó el aplazamiento. El Ministerio Público se opuso a que la vista fuera reenviada y propuso que fuera suspendida por dos horas, lo cual fue rechazado por el juez quien aseguró que no puede violar el derecho de defensa del imputado aunque tenga un plazo constitucional establecido para decidir sobre la medida la solicitud de coerción. 

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