Nunca antes tantas voces se habían unido para impulsar un cambio frente a una realidad que nos afecta a todos. El desorden en el tránsito vehicular en la capital y las principales urbes del país constituye un tema más que preocupante.Legisladores, autoridades oficiales, sindicalistas, transportistas, comunicadores, empresarios, expertos del tema en cuestión, conductores, gente de a pie, en fin, todo un amplio conglomerado de sectores nacionales ha fijado su punto de vista en torno a esta situación que tanto nos angustia.
Debe involucrarse a toda la ciudadanía en la tarea en procura de detener lo que podríamos denominar “terroristas al volante”, que prácticamente imponen el caos y el desorden en nuestras calles, avenidas y carreteras. Todo indica que el tránsito con que nos enfrentamos cada día le queda grande a los organismos encargados de regularlo.
Un cálculo que se debe hacer es cuántos vehículos, nuevos o usados, se suman diariamente al parque vehicular ya sea en el Gran Santo Domingo y todo el territorio nacional.
Recientemente, el director de la Autoridad Metropolitana del Trasporte (Amet), general Frener Bello Árias, afirmó que “la debilidad radica en la falta de educación, y en la obsoleta Ley 241 sobre tránsito terrestre, con sanciones demasiado frágiles”.
Aún teniendo en cuenta estas aseveraciones, siguen encontrando resistencia las propuestas que por años ha hecho la Amet, de que se imparta la asignatura de educación vial desde la instrucción primaria, lo mismo que charlas en las universidades, como una forma de ir moldeando las mentalidades desde temprano.
La insoportable condición del tránsito vehicular en nuestro país es una realidad que afecta no solo a los que deben utilizar cada día servicios de transporte público, sino también a un alto porcentaje de quienes tienen resuelta esa necesidad.
El hecho de haberle dado plenos poderes a los dueños de las principales rutas para que controlaran a su antojo el transporte urbano e interurbano, ha ido creando un monstruo que cada día se torna de más difícil solución.
Demostrado está que la gran cantidad de instituciones creadas en distintas épocas en busca de regular el transporte público no han podido llegar a puerto seguro, y en esos afanes han naufragado presupuestos, iniciativas y hasta propuestas transportadas desde otras latitudes.
En esos afanes podemos citar siglas de entidades que nunca cumplieron con su objetivo, o que medran en medio de las inexactitudes. Ahí están los casos de Onatrate, OTTT, Omsa, entre otras.
Está también la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, como el Plan Maestro para el Reordenamiento del Transporte Público del Gran Santo Domingo, que ejecuta la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, con el objetivo de erradicar los males que afectan el sistema de transporte público en el país.
Se hace necesario un gran cambio, tanto en la mentalidad de todos los que a diario salimos a las calles, así como la forma en que ha sido manejada por años esta problemática.
