El Tribunal Constitucional ha anulado tres sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El conflicto se origina en ocasión de que la Asociación Nacional de Pilotos solicitó información al Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) sobre los nombres de cada uno de sus empleados. Ante la actitud asumida por esa entidad de no entregar la información requerida, fue incoada una acción de amparo, la cual fue rechazada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Posteriormente recurrieron en casación, y también fue rechazada por la Tercera Sala de la SCJ.
Empero, en revisión Constitucional, el tribunal acogió, parcialmente, la acción y ordenó al Idac la entrega inmediata de los nombres de cada uno de sus empleados y funcionarios, indicando el cargo y el salario de cada uno de ellos.
“Los datos que contiene la nómina no constituyen informaciones reservadas”, dice la sentencia 52 del alto tribunal, que contó con el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos.
