En estos días hemos visto a extrabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), reclamando que les concedan las pensiones que han debido recibir desde hace años.
Se trata de gente que dejaron sus vidas en los campos de cultivo de caña, en las líneas de distribución de electricidad o en las empresas de la desaparecida corporación de empresas estatales.
Mirar a esa gente manifestarse en las calles, con las marcas de los años y el trabajo en sus rostros, reclamar que se les haga justicia, que les paguen míseras pensiones para sobrevivir, da pena y debe llenarnos de vergüenza.
El Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) ha informado que aprobó 250 pensiones a cañeros y extrabajadores de Corde, pero cerca de dos mil viejos obreros esperan sus compensaciones.
Tienen años y años esperando. Lo que se dice es que sus reclamos no están amparados en las documentaciones requeridas en atención a la vieja ley 1896, y se sabe muy bien que no las van a obtener, pero casos como ese, ameritan la intervención directa del gobierno, a través de la Presidencia de la República.
El presidente Leonel Fernández debe prestar atención a estos reclamos, y mediante una acción ejecutiva reconocer los derechos adquiridos por esos pobres hombres que dieron sus años útiles al país, que contribuyeron a crear las riquezas de la Nación.
Este caso ha dejado de ser un mero conflicto laboral para convertirse en un asunto de simple humanidad, lo que justifica aún más la acción presidencial.
Sería una cuestión de justicia y cesaría un factor de perturbación social que poco conviene en medio de un proceso electoral.
