Los actos de delincuencia y asesinatos son consecuencia de una realidad golpeada por factores económicos, políticos y sociales. En nuestro país, la violencia está a la orden del día, y así lo demuestra el hecho de que el 44% de las muertes accidentales o violentas sean por homicidios, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
¿Cómo se explica que hayamos llegado al punto de altos índices de delincuencia y violencia, muchas veces con la complicidad de las fuerzas del orden? No es algo nuevo. En 2004 se llevó a cabo la iniciativa Barrio Seguro, centrada en aumentar la presencia policial en zonas de alto riesgo, buscando además la integración de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Eduardo A. Gamarra, quien diseñó el plan, indicó que una de las grandes deficiencias de la iniciativa fue la falta de voluntad dentro de la Policía Nacional, reforzada por la corrupción y carencias de recursos y entrenamiento.
En la región, existen referencias optimistas. En una visita que hicimos a Colombia, invitados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en compañía de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), conocimos el modelo de la ciudad de Bogotá y su reforma policial. En solo siete años, la capital colombiana pasó de ser una de las más violentas a ser la más segura, y su policía a tener la certificación ISO 9000.
En una visita a Río de Janeiro, en representación del Congreso, la Gobernación de ese Estado nos explicó cómo trabajaron con la población de las favelas – barrios populares –, reduciendo la delincuencia y la criminalidad, lo que al final permitió a esa ciudad ser escogida para los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol.
Invitado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), el cual presido, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile y actual miembro del Servicio Electoral de Chile, Juan Emilio Cheyre, expuso sobre la importancia de trabajar en la institucionalidad de la policía de ese país, conocidos como Carabineros, quienes hoy son la institución con mayor credibilidad (56%, según el Centro de Estudios Públicos – CEP -). De nuestro lado, la PN es para la ciudadanía la institución más corrupta, agravado por el hecho de que el 54% considera que hay complicidad entre policías y delincuentes, datos de la Gallup-Hoy de este año.
La reforma policial, por tanto, se hace urgente. Debe existir un compromiso genuino del gobierno de fortalecer el cuerpo policial y las fuerzas armadas, aumentando los sueldos, la tecnificación y formación de sus miembros, mejorando el sistema de inteligencia. Se debe aplicar “mano dura”, suspender y condenar la corrupción. Para la nueva jefatura de la PN, nuestro voto de confianza irá de la mano con un trabajo transparente y en los mejores intereses ciudadanos.
Tener un presupuesto adecuado es fundamental para priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Una política efectiva supone destinar recursos en cantidad y calidad suficientes para mejorar las estrategias tanto de prevención como de persecución y castigo de la criminalidad. De ahí la importancia que le hemos dado a la modificación de la Ley 36 de armas de fuego, que ahora liderada desde el poder ejecutivo por el ministro Gustavo Montalvo, será consensuada y luego reasumida por nosotros en el Congreso.
