Desde tiempos remotos, la humanidad, para poder sobrevivir, ha tenido que luchar contra una serie de fenómenos naturales o provocados por el hombre; contando terremotos, ciclones, calentamiento global, inundaciones, sequías, etc.; aplicando las mejores prácticas para mitigar riesgos, dan cuenta de la importancia del trabajo mancomunado, debidamente planificado y en el marco de un liderazgo incluyente.
Hoy en día –y esto es también histórico–, una de sus luchas más constantes es contra la corrupción.
Esa realidad nos envuelve a todos. Los gobiernos y las sociedades de cada país están librando la batalla conforme a sus características y posibilidades. En nuestro caso –que supongo no es el único–, se requiere la unidad entre la sociedad y el Gobierno para que la lucha pueda ser eficaz.
Esto es así, porque en ambos sectores los efectos de este flagelo repercuten de manera muy dramática. Por ejemplo, en el Gobierno, trastorna la correcta ejecución del Presupuesto General del Estado, lo que ocasiona interrupción, retraso y encarecimiento en la realización de los proyectos y obras consignadas en el mismo. En la sociedad, porque ésta termina pagando el costo incrementado que genera la corrupción, pero además, sufre y padece las consecuencias de la demora y, en muchos casos, la postergación o anulación del o los proyectos, por la carencia de recursos.
En la medida que el trabajo de la Cámara de Cuentas, que es la entidad fiscalizadora superior (EFS), merezca la confianza de la sociedad en su conjunto y que ésta lo exprese a través de sus principales organizaciones públicas y privadas (incluyendo a las de sociedad civil como Participación Ciudadana, Institucionalidad y Justicia, Alianza Dominicana contra la Corrupción, entre otras), se estaría produciendo el ambiente propicio para que unifiquen criterios y se apoyen mutuamente ambos sectores.
De hecho, en la Guía para la implementación de los principios sobre Rendición de Cuentas de la Declaración de Asunción, entre las recomendaciones para una “Participación Ciudadana activa”, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por sus siglas en inglés) hace un llamado a que las EFS fortalezcan la interacción con la sociedad civil y promuevan “el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que realizan control social, veedurías ciudadanas o auditorías sociales a la gestión pública, en particular de aquellas interesadas en realizar el seguimiento ciudadano a las recomendaciones o disposiciones generadas por la EFS”.
Siendo así, la ciudadanía en general colaboraría con mayor entusiasmo en cuanto a lo que tiene que ver con las veedurías y las denuncias que correspondan por el incumplimiento de las leyes y normativas que regulan la administración y uso de los recursos públicos.
Es innegable que una Cámara de Cuentas revestida con el prestigio que le confiere el crédito y la confianza de la ciudadanía, se convertiría en un faro de orientación que motive a los servidores públicos a rendir cuentas con transparencia en el plazo que establece la ley.
Esto haría posible la fiscalización efectiva y el informe oportuno sobre los resultados de la auditoría, a partir del cual se podrán implementar las medidas correctivas que recomienden los auditores, para salvaguardar el patrimonio del Estado.
Como se puede observar, si el Gobierno y la sociedad en su conjunto unifican criterios y se apoyan mutuamente, el país podrá mitigar sensiblemente el impacto dañino y perverso de la corrupción.
Ese solo uno de los beneficios de “El valor de la unidad”.
