Después del domingo 20 de mayo, la sociedad dominicana regresará a la experiencia de cuatro años de pausa electoral, porque se cierra la etapa de elecciones separadas, que se inició hace 16 años, para volver a escoger los representantes en un mismo día y año.Para el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), César Cuello, el cambio es positivo, dado que resultó negativa la corta experiencia de elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales. “Esta experiencia, muy corta que se vivió, mostró que es sumamente oneroso desde el punto de vista de su costo y además desde el punto de vista de sumergir a la sociedad en procesos electorales cada dos años”, reflexionó el sociólogo.
Observó que la experiencia mostró que lo que se busca corregir con el sistema de elecciones separadas no se hizo.
“El famoso arrastre. Se habló mucho de que si se separaban las elecciones iba a terminar el efecto arrastre hacia los candidatos congresuales y municipales que tiene la figura del Presidente. El arrastre se ha seguido dando por lo que no estaba ahí y lo que hay que hacer es buscar las explicaciones sociales y culturales de ese arrastre”, reflexionó Cuello.
Explicó que una posible explicación al arrastre del presidente podría estar en las prácticas trujillistas y en el uso de los recursos del Estado.
Tácito Perdomo, experto en temas electorales, coincide con los planteamientos del director del Flacso de que el cambio será positivo para el sistema electoral del país.
“Eso es lo mejor, es la gran verdad. Los partidos salen de unas elecciones para otra y someten a eso a la propia sociedad”, opinó.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, es más conservador para opinar de si el cambio resultará positivo o negativo para el país.
“Es en la práctica que se debe reflejar si eso resultó provechoso o no para el país”, sostuvo. Explicó que el cambio de elecciones separadas a unificadas forma parte de una reforma integral de otras legislaciones, hechos que aún están pendientes.
Las leyes pendientes
Tanto Cuello como Castaños Guzmán coinciden en la necesidad de que pasadas las elecciones presidenciales el Congreso se aboque a aprobar la Ley de Partidos Políticos y la reforma a la Ley Electoral. Ambas iniciativas están en estudio de comisión en la Cámara de Diputados.
En el pacto “Por una campaña electoral basada en propuestas”, los seis aspirantes a la Presidencia se comprometieron a impulsar esas iniciativas desde que concluyan las elecciones para que sean aprobadas este mismo año.
No repartir cargos entre políticos
Para el sociólogo César Cuello hace falta un mayor compromiso con la institucionalidad y dejar de pensar en el beneficio particular de los partidos porque la integración de los órganos electorales no puede ser el resultado de la repartición entre los partidos que tienen más poder.
“No se justifica que los procesos electorales tengan siempre que depender de los partidos mayoritarios. La sociedad entera debe ser la depositaria de los organismos electorales y por tanto eso no puede ser el resultado de una repartición entre los partidos que tienen más poder”, dijo. Agregó que hace falta madurez entre la clase política para que entienda que esos organismos tienen que ser independientes.
Cuello observó que la sociedad dominicana ve como normal que los organismos del Estado se repartan los puestos de los órganos electorales como si fuera una pertenencia de esos partidos.
“Falta madurar también en términos de tolerancia porque hay que acostumbrarse a oír cosas diferentes a las que pensamos”, observó.
Dijo que todavía hay personas que le cuesta aceptar que una fuerza política tiene o no más simpatía que otra.
Las elecciones no deben ser de miedos y temores
César Cuello sostuvo que la falta de madurez política de algunos dirigentes políticos contaminan los proceso electorales. Puntualizó que no se justifica que una contienda electoral sea un elemento de zozobra, miedos y temores, como ocurre en el país. “No se justifica que los procesos electorales dominicanos sean tan traumáticos. Deben ser procesos normales en el que la gente decida votar por el que quiera sin tantas presiones de todo tipo”, dijo.
En proyecto, el voto electrónico
Contrario a lo que ocurrió durante 16 años, el presidente que resulte electo en las elecciones del próximo domingo 20 de mayo tendrá que gobernar con los integrantes del actual congreso dado que fueron electos por 6 años por mandato constitucional.
En términos técnicos, los retos del sistema electoral para los próximos cuatro años es posibilitar el voto electrónico, según ha dicho en varias ocasiones el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario. En las primeras elecciones conjuntas la ciudadanía acudirá también con una nueva cédula de identidad y electoral que contendrá los datos biométricos. Ese proyecto está encaminado en la JCE.
Las modificaciones a la Constitución
En el 1994 se reformó la Constitución para eliminar la reelección presidencial consecutiva, instaurar el sistema de doble vuelta, ganar los comicios presidenciales con la mayoría absoluta y separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales.
En el 2002, reformó la Carta Magna para permitir la reelección presidencial consecutiva.
En el 2010 se proclamó una nueva Constitución que implicó seis cambios al sistema comicial. Unificó las elecciones, redujo de nueve a cinco el número de jueces de la JCE, eliminó la Cámara Administrativa y Contenciosa y creó el Tribunal Superior Electoral.
Más de 20 cambios a la Ley Electoral en 10 años
Además del proyecto de reforma a la ley 275-97,que reposa en la Cámara de Diputados, esa legislación ha sido modificada en cinco ocasiones desde que fue aprobada en el 1997. Los cambios introducidos superan la veintena. A pesar de eso hay aspectos que aún están pendiente de cumplimiento como es lograr el voto penitenciario.
Esa prerrogativa para las personas privadas de libertad de manera preventiva no se aplicará en el actual proceso electoral, a pesar de los intentos que hizo la JCE y otras instancias del Estado para garantizarlo.
