La política dominicana, como muchos creen, no es un drama, sino una charada. La cúpula del oficialismo que aceptó sin reservas hace tres años el contrato con la Barrick por estimarlo como un modelo para la industria minera, es exactamente la misma que esta semana aprobó su modificación por entenderlo lesivo a los intereses nacionales. El expresidente Fernández, por cuyas instrucciones las cámaras lo sancionaron con muchos de sus miembros sin leerlo, como han admitido varios de ellos, aprobó su revisión, en una larga sesión del Comité Político, que él preside, en la que todos lucían sonrientes en las fotos. Como si nada hubiera pasado. Como se ventila un conflicto entre compañeros.
La multa que la Dirección de Aduanas había anunciado con bombos y platillos, equivalente al doble de lo que calificara como una exportación irregular de oro y plata por la empresa, poco más de 900 millones de pesos, se dice ahora que ha quedado en manos del Presidente de la República, como si la Constitución o alguna ley le permitiera a este asumir una responsabilidad de esa naturaleza, sólo para mejorar el ambiente. Si la empresa fue culpable de lo que ha sido acusada, entonces no le queda al gobierno más remedio que proceder con estricto respeto a las normas establecidas, porque ha sido la máxima autoridad de la nación la que ha generado el profundo sentimiento nacionalista que subyace detrás de las protestas demandando un cambio radical en los términos del contrato.
Para nadie es un secreto que en una litis internacional, el caso le costaría al país lo que no tiene. Y no sólo en términos económicos, porque el ruido generado podría dañar la reputación nacional en el exterior, afectando el clima de inversión. Pero cueste lo que cueste, si la empresa ha transgredido leyes nacionales, toda negociación sobra y sólo sería dable la aplicación de la ley.
Pero me temo, y no Montás, que es más bulla que otra cosa.
