El 63% de las víctimas no denuncia la comisión de delitos, debido a la desconfianza en las autoridades y a la falta de garantías de que se les haga justicia. Es una de las conclusiones que presentó la coalición Acción por la Justicia y Seguridad, durante el cuarto foro de la sociedad civil denominado “Acceso y Eficiencia de la Justicia” donde presentaron un estudio preliminar que desviste la realidad del sistema de justicia penal de la República Dominicana.
Asimismo, el estudio arrojó que existe una desnaturalización de la prisión preventiva, ya que el 60% de la población carcelaria es preventiva, lo que sigue siendo un indicador de falta de eficacia, expuso el panelista Michel Camacho.
“Esta situación es un círculo vicioso, los actores no creen en otro método como garantía judicial, lo que provoca una subutilización de las medidas alternativas de resolución de conflictos,” dijo.
El informe también expone el estado crítico en que se hace justicia desde el Gran Santo Domingo: la falta de infraestructura física, la necesidad de personal administrativo y operadores judiciales.
“No se puede hablar de que en la provincia Santo Domingo se hace justicia, dado el nivel de hacinamiento que hay. Y no podemos limitar todo el problema a la falta de presupuesto, pero en el caso de la provincia, amerita una intervención urgente”, manifestó Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la FINJUS.
Según datos de la Dirección General de Carrera, la relación de fiscal por habitantes en Santo Domingo es de tres por cada 100 mil, mientras que en el Distrito Nacional es de 14 por cada 100 mil.
También se reveló los delitos de distribución de drogas, robos y violencia contra la mujer son los principales casos que arropan el sistema penal.
