Sectores con toda la capacidad para valerse por sí mismos siempre esperan lo más del Estado. Ante cualquier atisbo que pudiera sugerir pérdidas de algunas de las ventajas con que manejan sus negocios, entonces empiezan a ver riesgos. Y las respuestas suelen estar cargadas de admoniciones, advertencias o amenazas.De esa forma pueden actuar quienes manejan procesos productivos o los empresarios del transporte. Cada cual desde su esquina, pidiendo o reclamando, pero sin ceder nada.
Si el gobierno anuncia un cambio de regla en la forma de cobrar sus derechos impositivos, ven el mundo caer. Estarían en desventaja con sus pares de la región y podrían colapsar.
Ni hablar de los transportistas, que suelen ser los más celosos guardianes de las ventajas que reciben del Estado. Pasa ahora con el subsidio de combustible. Ante lo que consideran un retraso en la trasferencia del mismo ven una conspiración con una manifiesta actitud de no reconocer que simplemente están rogando que les mantengan una concesión que ya se torna onerosa para el fisco.
¿Debe continuar el Estado entregando combustible para que sea capitalizado convenientemente cada mes? O un subsidio directo a choferes, muchos de los cuales lo reciben sin operar un vehículo en una ruta.
Un Estado carente de recursos, incluso para terminar obras fundamentales, infraestructuras esenciales para el desarrollo del país, no puede mantener los regímenes de exenciones y ventajas a empresarios que operan en el mercado de acuerdo con las reglas del libre comercio. Nada conceden a consumidores o usuarios. Las facilidades que les ofrece el Estado sólo van a sus bolsillos sin que siquiera haya sentido de solidaridad o responsabilidad social en proporción a los beneficios recibidos.
El gobierno no debe hacer caso de advertencias y amenazas. Debe dejar en el pasado concesiones y ventajas que sólo favorecen a unos pocos.
