En el país hacen faltan políticas públicas y protocolos institucionales para el tratamiento de las situaciones de los menores extranjeros no acompañados.
La situación por la que pasan los menores de edad extranjeros no acompañados de sus padres o familiares (MENAS) al momento de cruzar fronteras terrestres o aéreas, o de entrar en contacto con autoridades civiles y militares en países distintos al de su nacionalidad, ha sido objeto de preocupación en el ámbito nacional, regional y universal.
Esta problemática es expuesta en el “Estudio del marco legal para la protección de menores extranjeros no acompañados en República Dominicana”, que explica que en el caso de la República Dominicana y Haití, según las características de los menores, es posible vincular esta migración a pobreza y la búsqueda de oportunidades educativas.
El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM-RD), indica que en el país los actores consultados no identificaron como una de las principales emergencias en materia de niñez y adolescencia el fenómeno de la niñez no acompañada.
Explica que según las informaciones del personal de frontera del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la generalidad de los menores no acompañados identificados en esa condición son varones.
“La mayoría de las personas que participaron en los grupos focales consideran que estos están en permanente riesgo de explotación laboral. Apuntan que la atención que reciben de las instituciones puede incluir en ocasiones tratos violentos (agresiones verbales, no escucharlos, no creerles, etc.)”, indicó.
El INM RD, organismo técnico, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, señala, además, que estos niños están expuestos a violencia cruzada (la que se produce entre ellos mismos y también traumatismos y algunas infecciones.
Detalla que en el caso de las niñas migrantes, lo más común es que se encuentren realizando trabajo doméstico en casas ajenas, lo que refleja una situación no abordada en este estudio, vinculada a la trata para servidumbre doméstica; que además podría estar encubriendo casos de explotación sexual.
Profesionales que trabajan en las instituciones consultadas, tienen la percepción de que alrededor del 80% de estos menores de edad consumen sustancias psicoactivas regularmente. Las más frecuentes son los adhesivos de contacto (clefa), muchas veces para matar el hambre. También informan que se han identificado casos de consumo de cocaína y marihuana.
Ante todo eso consideran necesario que el Estado se aboque a la formulación de una política para la atención a los MENAS y recomendó que bajo el liderazgo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) trabajar en el diseño e implementación de una política para la protección de estos niños y adolescentes en la cual se establecerán todos los actores del sistema que intervienen en cada fase del proceso, la labor que corresponde a cada instancia e indicadores de cumplimiento.
Dijo que esto implica que su diseño y redacción deben basarse en un amplio consenso y acuerdo de trabajo conjunto, de los que puedan desprenderse los protocolos de actuación por institución y los interinstitucionales.
