En la audiencia de medida de coerción, el Ministerio Público también pidió que el caso se declare complejo
Luego de terminar la presentación de sus argumentos durante la medida de coerción a los involucrados en el caso Coral, el Ministerio Público (MP) solicitó 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en Najayo y que el caso sea declarado complejo.
La petición fue presentada por la directora de Persecución de la Procuraduría General de República, Yeni Berenice Reynoso, al culminar su exposición que duró varias horas.
El órgano acusador hizo la petición de declaratoria de caso complejo bajo el argumento de que tiene más de 20 terabyte de información sobre el caso que debe ser analizada.
“El Ministerio Público acusador ha solicitado 18 meses de prisión preventiva, como consecuencia de la propia solicitud que hemos hecho para que sea declarado complejo el proceso. Además, nosotros hemos demostrado en el tribunal, que este es uno de los casos más complejos que ha manejado el Ministerio Público, donde tenemos más de 20 teras de información, las que se deben analizar a fin de determinar hasta dónde llega este entramado de corrupción”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Audiencia continúa hoy
Tras escuchar la exposición del Ministerio Público, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, recesó la audiencia para hoy a la una de la tarde.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En la audiencia de ayer, el Ministerio Público leyó la solicitud de medida de coerción contra los imputados, calificando el caso como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”.
Dice red utilizó el “pueblo de Dios”
Durante la audiencia de medida de coerción de los implicados en el caso Coral, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que la supuesta red de corrupción utilizó el pueblo de Dios como fachada y dijo que no todo el que dice Señor llegará al cielo.
“Las sagradas escrituras dicen que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), haciendo referencia a la cita bíblica Mateo 7, 21.
Camacho le indicó a la jueza Kenya Romero que el supuesto entramado, encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), utilizó como escudo organizaciones religiosas relacionadas a la pastora Rossy Guzmán (también imputada).
Exdirector del Cestur
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, se puso ayer a disposición de la justicia para que se conozca su versión de los acontecimientos que han generado la imputación de dos oficiales en el caso Coral que prestaban servicios en esa institución.
Dijo que su decisión fue comunicada el pasado viernes a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; la procuradora de Persecución del Ministerio Público, Yenni Berenice Reynoso y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
“Estaré en mi lugar de residencia y hasta ser sustituido estaré despachando lo imprescindible en el Cestur”, dijo el general de brigada piloto en un comunicado enviado a través de su abogado Cándido Simón Polanco.
De su lado, el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón reveló a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) que el coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta, gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) se negó a enviar información al Ministerio Público durante el proceso investigativo de la Operación Coral sobre los pagos de nómina al coronel Rafael Núñez de Aza y de él.
En el acta de interrogatorio, a la que CDN tuvo acceso, Girón Jiménez revela que además de encargado de nómina tenía otra función que define de informal y consistía en recolectar un dinero de un personal que cobraba en nómina, y por igual, con los viáticos, gastos de inteligencia y raciones alimenticias.
Dijo que unos siete millones de pesos extraía mensualmente del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística- Cestur- el supuesto entramado de corrupción de la Operación Coral, de los que se entregaban unos 500 mil pesos al director de la entidad, Juan Carlos Torres Robiu. El acta indica que Girón Jiménez colaboró con el Ministerio Público para que su sanción sea menor.
Cierre de empresas ligadas al caso Coral
La solicitud que hizo el Ministerio Público para el cierre de las empresas implicadas en el caso Coral será conocida en otro momento. La jueza Kenya Romero tomó la decisión de conocer este asunto en otro momento por ser una solicitud con otros fines. La magistrada ordenó esto luego de acoger una solicitud de la defensa técnica de los implicados en este caso de corrupción.
Afirmó que no se pueden mencionar las compañías en la audiencia, si no estaban debidamente representadas. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) está pidiendo la clausura temporal de las compañías que dice la red utilizó para lavar el dinero sustraído de entidades castrenses. Estas son la Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa Internacional Company EIRL, Aldom Glass Alumimium SRL, y RG&S Soluciones Financieras SRL.
