El anuncio realizado por Iván Márquez, número dos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, de iniciar una nueva etapa de la lucha armada en su país, era algo que algunos habíamos previsto que sucedería, pero que, honestamente, no deseábamos, pues la llegada de Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe Vélez, a la presidencia colombiana, reavivó los temores de revivir la pesadilla del exterminio de la Unión Patriótica, partido político fundado en 1985 como parte de un proceso de paz para llevar a la política a exguerrilleros y cuyos militantes terminaron siendo exterminados por grupos paramilitares y miembros de las fuerzas militares.

Las decisiones políticas y judiciales durante el actual gobierno de Colombia, han llevado a la muerte a unos 500 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, sin que se sepa quienes los mataron. Además, los líderes de las Farc denuncian que unos 150 exguerrilleros de esa organización han sido asesinados sin que siquiera se investiguen las circunstancias en que ocurrieron tales crímenes.

Todo esto mientras los tribunales colombianos ordenan arrestos y abren procesos contra líderes de las Farc como Seuxis Pausias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, sembrando dudas sobre la seguridad jurídica que garantizaban los acuerdos firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos. Garantías que Márquez venía solicitando a través de cartas enviadas a medios de comunicación y organismos internacionales en los últimos meses.

Sin embargo, pese a ese escenario negativo, esa decisión parece un error estratégico pues muerde al anzuelo de la persecución lanzada desde el gobierno, que sólo sirve para justificar las acciones contra los exguerrilleros lazadas desde el grupo político de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, que siempre abogaron por la guerra contra las Farc y se opusieron al proceso de paz.

Además, vuelve a amenazar la paz de Colombia, paz que no se ha logrado en ningún momento y que el gobierno de ese país solo ha torpedeado para alimentar el inagotable negocio de la guerra.

Finalmente, será el pueblo colombiano el que pague las consecuencias de la reactivación del conflicto, y como siempre, serán los habitantes de las poblaciones rurales los que más sufran las acciones del gobierno que eligen en los centros urbanos de ese país.

Peor la reacción

El discurso del Presidente colombiano Iván Duque lo rebaja al nivel de los mandatarios con menos recursos argumentativos de los últimos años. Culpar al gobierno de Nicolás Maduro de la decisión tomada por Márquez y otros líderes de las Farc es tan bajo como lo hecho por Bolsonaro al culpar a las ONG por los incendios forestales que él mismo, con su discurso, lleva meses aupando.

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