¿Y se le puede llamar “Justicia”?

Se percibe la justicia dominicana como un “poder” de pobre desempeño y desconfía de sus actuaciones. Tiende, sin embargo, a simplificar la compleja problemática real de ese estamento jurídico, entendiendo que la situación se reduce al supuesto mercado de sentencias. La gran situación radica en el abismo existente entre la justicia de leyes, códigos y principios y la justicia práctica y real, del día a día, con el marcado dolor de sus injusticias, en el sagrado nombre de la ley y con un Cristo al frente de cada bancada de tribunales, como burla gráfica a la esperanza, de los que sufren sus males. Los simplistas creen que la justicia se diferencia entre la de los ricos y la de los pobres, confundiendo riqueza con poder. Medidas de coerción aplicadas a unos y otros, con garrafales diferencias. Enormes contrastes entre la justicia del interior del país y la de los grandes centros urbanos: Santo Domingo y Santiago. Justicia achicada, para el resto del país, como si la ciudadanía tuviera categorías y la ley espacios de aplicación degradable a voluntad. En cada provincia un “Palacio de Justicia”, término heredado de la dictadura de Trujillo, ranchos de concreto con condiciones muy alejadas del siglo 21 y las demandas de la población. En Baní, mi más reciente experiencia: acondicionadores de aire que no funcionan y apenas dos abanicos para “agitar” una atmósfera cargada de sudor y hastío; escasa iluminación; un obsoleto monitor de “los cacones”; constante ruidos de camiones, bocinas y motores, con ventanas que en nada contribuyen a atenuar el molesto ruido de carretera transitada; ausencia de un sistema de sonido que permita escuchar al público, abogados e imputados, los tenues murmullos de los actores principales; baños limpios a primera hora, sin jabón y sin papel; bancos de madera peleados con lo ergonómico y divorciados de la comodidad necesaria para aquietar la ansiedad e impaciencia de esperar; una jueza que sustituye a un magistrado promovido, sin prever los trastornos que produce su ausencia. Imputados que esperan recibir algo más que negación de justicia o justicia dilatada. Magistrados sin ánimos de asumir responsabilidades, con deseos de salir del paso, suspendiendo audiencias que fuerzan a inocentes, a permanecer en las madrigueras que son nuestras cárceles. Un secretario que mastica chicle, mientras lee con dificultad la pobre “acta de la audiencia anterior”. Jueces que transitan las vías más sencillas, para evitar que “la prensa” catalogue sus acciones de “sospechosas”, plegándose a “argucias y chicanas” de abogados con habilidades para retrasar procesos en favor de unos y en perjuicio de otros. Desconocida por el vulgo, la pobre administración, la cuestionable gerencia del amplio, complejo y numeroso aparato judicial, que contribuye de manera puntual en la marcada y creciente desconfianza de la población y el desprestigio con que se les valora.