El autor de la novela La Negociación, Richard Martínez, denunció este lunes que el Ministerio de Cultura ha excluido su obra del listado de participantes del Concurso de Literatura Manuel de Jesús Galván, que se convoca en ocasión de la Feria Internacional del Libro.
Martínez dijo que depositó su novela editada el 6 de enero del 2017 como mandaban los reglamentos instituidos por el decreto presidencial número 111-05, del 2005, pero que la misma le fue devuelta el 26 de enero alegando que el ministro de Cultura, Pedro Vergés, había dispuesto este año sólo participarían obras inéditas.
“Es una arbitrariedad, pues no se pueden cambiar unas bases de un concurso luego de haberse convocado con otras bases; lo que pasó es que se hicieron unas supuestas bases en el 2017 para un concurso que se convocó en el 2016”, dijo el escritor e ingeniero al comparecer al programa El Sol de la Mañana.
Explicó que ahora se habla de un nuevo decreto que nadie conoce, pero que afecta su participación en el certamen literario.
“La obra fue editada en España por el grupo de editores Tregolam y no opte por concursos en otros países para participar en el nuestro y ahora nos dicen arbitrariamente que no podemos participar”, agregó.
Mediante un comunicado consideró que la medida viola el artículo 6 de la Constitución y la irretroactividad de las leyes, por lo que envió una comunicación al ministro Vergés pidiéndole una explicación sobre el caso.
“Si el Ministerio de Cultura no procede a inscribir nuestra obra, nos veremos forzados a ir a los tribunales a reclamar nuestro derecho de participación, no creo pertinente que se repitan episodios del pasado como el de Los que Falsificaron la Firma de Dios durante la gestión del ex presidente Joaquín Balaguer”, recordó.
La controversial novela es una crítica mordaz al sistema de justicia del país, relatada a través de los acuerdos de aposentos que matizaron el expediente del narcotraficante José David Figueroa Agosto y la megadiva Sobeida Félix Morel.
La trama narra un escenario de ficción en los que se muestran los vínculos con el poder político y los estamentos de la justicia en ese caso y como finalmente se impuso una negociación para que “todos salieran ganando”.
Martínez advirtió que si no obtiene la inscripción en el concurso, luego de esta semana acudirá en acción de amparo al Tribunal Superior Administrativo a reclamar el derecho constitucional que le asiste de participar.
