“Cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración…oh, oh, esta es la linda tierra que busco yo”, reza una de las estrofas del himno de Puerto Rico llamado “La borinqueña” compuesta por Manuel Fernández Juncos. Sin embargo, hoy, esas playas que supuestamente admiró el conquistador y colonizador Cristóbal Colón durante su invasión a la isla a finales del siglo XV se encuentran seriamente amenazadas en el siglo XXI por factores antropogénicos y factores naturales. El fenómeno no es exclusivo de la Isla del Encanto ni tampoco de las islas del Caribe. Tampoco es algo nuevo, pero a la medida que se hacen más evidentes los efectos de un cambio climático en zonas pobladas, sus resultados suelen ser más palpables. El aumento del nivel del mar en conjunto con la erosión costera, son fenómenos que se vienen agrandando cada vez más y estos no discriminan posición social, ideologías políticas, etnia o género. Sus efectos se han sentido en diferentes partes de nuestro gran Caribe y en muchos casos se han tomado medidas para mitigar sus efectos. Pero ¿se ha hecho lo suficiente? Todo parece indicar que, aunque histórica y científicamente se vienen documentando las consecuencias de la erosión costera y el aumento del nivel del mar en nuestras playas, todavía queda mucho por hacerse al respecto.

Durante el mes de julio del 2022 se levantó una voz de alerta debido al aumento significativo y evidente del nivel del mar en una zona turística y residencial de San Juan (capital de Puerto Rico) llamada Ocean Park. Varios vecinos y comerciantes se quejaron ante los medios noticiosos del país por el aumento del océano, por la erosión costera cada vez mayor de la zona y por la desocupación de parte de las autoridades gubernamentales pertinentes sobre el asunto. Y decimos que una vez más se quejaron ya que desde hace más de 40 años, residentes de la zona y las comunidades científicas vienen denunciando tal asunto. En el Archivo General de Puerto Rico, en el Fondo de Recursos Naturales sección de la Comisión de Minería, identificamos un memorando de noviembre de 1979, realizado por Ramón M. Alonso, jefe de la división de geología del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico que explicaba la gravedad del asunto para ese entonces. El documento estaba dirigido al Sr. Ernesto Quiñónez Martin, ayudante especial de la Oficina del secretario del Departamento. En él hacía constatar la preocupación que tenían los residentes de Isla Verde (zona turística cercana al aeropuerto Luis Muñoz Marín) debido a que condominios de la zona, tales como Playamar, estaban siendo amenazados con perder parte de su infraestructura vial debido al aumento del nivel del mar. Si continuaba ese ritmo acelerado de aumento, pronto socavaría los cimientos del edificio. Lo mismo estaba sucediendo en Ocean Park, Santurce y el área del Condado, concluye su memorando.

Del mismo modo, explicaba otro memorando redactado por Ramón Alonso, que una situación similar estaba ocurriendo en otro municipio de la costa norte en octubre de 1979. En dicho memorando, Alonso explicó al Dr. Antonio Rodríguez Figueroa, Secretario Auxiliar del Área de Investigaciones Científicas, el problema que venía ocurriendo en el barrio Medianía Baja, en el municipio de Loíza, del aumento del nivel del mar. Sin embargo, a diferencia del primer caso mencionado, se trataba de una zona fuera del área metropolitana y marginada socioeconómicamente por su herencia afrocaribeña. En dicho municipio, sus residentes exigían a las autoridades gubernamentales pertinentes acción ante un aumento significativo del nivel del mar. En el memorando se demandaba que dicho aumento venía ocurriendo desde hace años, que el mismo se extendía a unos 3 kilómetros de distancia, y que la única solución de inmediato era el establecimiento de rocas como barrera natural.

Lo que llama nuestra atención como historiadores es que dichos memorandos se redactaron a solo un año de la creación en Puerto Rico de la oficina gubernamental del Programa de Manejo de Zona Costanera (julio de 1978). En síntesis, su función es promover el manejo adecuado de las costas, guiar el desarrollo público y privado de la zona costanera y fomentar la educación e investigación sobre las mismas. A pesar de estos objetivos claros trazados desde el 78’, la tarea de implementación de estos a través de la historia ha sido cuesta arriba por diferentes factores que abarcan lo político, lo económico y lo ambiental. Tan cercano como en septiembre del 2021, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, solicitó al Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, creado por ley en el 2019, unas “recomendaciones puntuales” para corregir y mitigar los efectos del cambio climático en la zona costanera de la isla. El documento redactado por el comité se terminó antes de finalizar el 2021 y lleva por título: Cursos de Acción (Coas) para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en la zona costanera de Puerto Rico. Fueron en total unas 104 recomendaciones las que se ofrecieron como parte de las medidas a tomar para una acción inmediata ante la emergencia climática que se vive en las costas de Borinquen. Una de las participantes del comité, la oceanógrafa y geóloga Maritza Barretto, catedrática de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, ha sido una de las voces científicas más atentas sobre el asunto en los últimos años. Su llamado ha sido a observar y estudiar las diferentes caras que muestra el desafío de la erosión costera en la isla y a tomar acción urgentemente. En esa misma línea, se encuentra la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, la cual sometió hace casi un año el proyecto del senado #43 el cual establece una moratoria inmediata a las construcciones en las costas de Puerto Rico hasta que no se establezca una nueva zona marítima terrestre tomando en cuenta los factores antes mencionados. No obstante, el proyecto continúa bajo discusión en la legislatura insular mientras que el nivel del mar sigue en aumento. Todo parece indicar que históricamente el mayor reto para efectuar cambios ha sido la falta de voluntad política para implementar decisiones a favor del medioambiente. Hasta que no se tomen en consideración como prioridad las recomendaciones realizadas por expertos y peritos en el tema, no habrá justicia ambiental para la emergencia climática de Borinquen. Por lo menos la historia y las ciencias así lo han estado demostrando a través del tiempo.

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