La entrada al esquema comercial del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Centroamérica despertó entre los productores e industriales dominicanos reacciones contrapuestas, lo que provocó que algunos lo respalden y otros exijan su revisión.
En ocasión de cumplirse un aniversario más, la Zona Retro de esta semana ha decidido conmemorar esta fecha emblemática, rememorando los sucesos que rodearon la firma del TLC, así como mostrar las reacciones que tuvieron los diferentes involucrados del sector económico dominicano.
Inicio
Hace casi dos décadas, exactamente diecinueve años atrás, tuvo lugar un acontecimiento que marcaría un hito en las relaciones comerciales del hemisferio. Se trató de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Estados Unidos, República Dominicana y los países de Centroamérica, una alianza que representó la creación de la segunda zona más grande de libre comercio para las exportaciones estadounidenses.
El acuerdo, conocido popularmente como TLC, fue suscrito con el objetivo de promover el flujo de bienes y servicios entre las naciones firmantes. Desde su implementación, el tratado eliminó de manera inmediata el 80 por ciento de las tarifas, allanando el camino para un intercambio comercial más fluido y libre de obstáculos.
Sin embargo, aquel histórico momento no estuvo exento de controversias y oposición. Varios sectores dentro de los países involucrados expresaron sus preocupaciones y objeciones frente al tratado. Temores sobre posibles impactos negativos en la economía local, la pérdida de empleos y la dependencia de la potencia norteamericana fueron algunos de los argumentos planteados por los críticos del acuerdo.
Disputa
Entre los sectores dominicanos en desacuerdo con la firma del tratado, se encontraba el agropecuario, cuya actividad económica aportaba, en ese entonces, un 13% al Producto Interno Bruto y el 20% de los empleos. Este sector se mantuvo firme hasta el último día, reclamando la postergación del acuerdo que entendían los desprotegía frente a las inminentes importaciones de productos agrícolas y cárnicos que estaban altamente subsidiados.
Por otro lado, los industriales capitalinos de Herrera reiteraron su inconformidad con el acordado texto comercial que significaría su desaparición, debido a la competencia desequilibrada que, según afirmaron, solo beneficiaría las Zonas Francas.
En cambio, Las Asociaciones de Industriales del Cibao y las aludidas empresas textiles respaldaban la pronta ratificación del borrador preliminar.
A partir de ese momento, las consultas para las modificaciones sobre salvaguardas especiales y control de importaciones, dos de las exigencias primordiales del sector, se trasladaron a los órganos legislativos facultados por la Constitución nacional para refrendar los convenios comerciales con otros Estados.
Firma
Con la aceptación del DR-CAFTA (siglas en ingles), las tarifas arancelarias en el intercambio bilateral con Estados Unidos fueron eliminadas en un 80% y unos US$32,000 millones circularon por el mercado del nuevo bloque comercial.
La rúbrica se realizó en uno de los edificios “ejecutivos” situados en la Casa Blanca, en presencia de los ministros de Economía de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador; además asistieron altos funcionarios de las administraciones de Hipólito Mejía y George W. Bush, y el embajador de esta última en el país, Hans Hertell.
Leonel Fernández, quien gobernaría el país a partir del 16 de agosto de ese año, había expresado que la firma del DR-CAFTA era “imprescindible” para que la Rep. Dom., superara la crisis económica.
El tratado multilateral incluyó al país en lo que era “la segunda zona comercial más importante del hemisferio” después del NAFTA norteamericano (TLC entre EE.UU., Canadá y México), indicó la ministra Sonia Guzmán.
Sonia Guzmán, quien suscribió el acuerdo en nombre del gobierno, agradeció el apoyo del presidente Hipólito Mejía, del representante comercial y de la jefa negociadora estadounidense, Robert Zoellick y Regina Vargo, a su gestión; además ponderó “la colaboración y el respaldo del sector productivo de República Dominicana”, visión que contrastó el rechazo que dichos productores habían manifestado en la prensa a las implicaciones del convenio.
Por su parte, Zoellick había comentado que el pacto “ampliaría las oportunidades para los pueblos de ambos países”.
Reacciones
Julio de Veras, directivo de La Asociación de Hacendados y Agricultores (ADHA), refirió al periódico El Caribe su “sorpresa” por los agradecimientos que profirió la secretaria de Industria y Comercio a los productores, luego de estampar su firma a nombre del Gobierno dominicano.
“Sonia Guzmán debe dar las gracias a las zonas francas, que fueron las grandes ganadoras aunque solo ponen un 2.6% del PIB” comentó Veras.
En esta línea, aclaró que no se oponía a que los empresarios textiles resultaran gananciosos, pero si cuestionó que se tuviera que perjudicar a los productores por “quedar bien” con un sector que no pensaba dos veces para trasladar sus inversiones a otras regiones, mientras que de los rubros y cárnicos que producían sus asociados vivía y comía el país.
Por su parte Rubén Reynoso, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), consideró que el tratado no solo sería beneficioso para las zonas francas, sino también para muchas industrias de otras naturalezas que podían exportar bienes y servicios tanto a Estados Unidos como a Centroamérica.
Agregó que, las naciones en desarrollo deben abrir sus fronteras para no quedar aisladas, y los cambios que se pudieran aplicar al documento sellado en Washington debían plasmarse en el marco de lo legal y en beneficio de todo el empresariado.
Sin embargo, en la Capital, los industriales de Herrera secundaban los planteamientos de los empresarios agrícolas y pecuarios en torno al tema.
Las denuncias y visiones contradictorias sobre las implicaciones del acuerdo comercial habían dividido, incluso, al equipo gubernamental que encabezó las negociaciones. Osmar Benítez, uno de los encargados del área agropecuaria, reveló su inconformidad con el tratamiento dado al renglón azucarero, que a última hora les fue arrebatado de las manos a los técnicos de la Oficina Coordinadora del TCL, por la ministra de Industria y Comercio.
A este debate también había incorporado el Episcopado, que sugirió que se postergue la aprobación del borrador preliminar hasta que se llevara a cabo un dialogo sincero que conduzca a un entendimiento entre todos los involucrados.
Conclusiones del acuerdo
El 15 de agosto de 2004 concluiría la legislación extraordinaria que el Presidente Mejía había convocado en julio para conocer asuntos de “suma importancia” como la reforma fiscal y otros más que no había puntualizado. El gobernante estaba facultado para someter el pacto comercial al escrutinio congresual o cederlo a Leonel Fernández, quien había manifestado su respaldo al TLC y regiría el país a partir del 16, cuando también comenzaría el próximo trimestre de sesiones.
Algo similar lo que pasaba en EE.UU., donde el mandatario George W. Bush tenía la opción de remitirles el texto a los congresistas de Washington para que pudieran evaluarlo durante la legislatura que había comenzado el 7 de septiembre y término a comienzos de octubre.
Debido a las exigencias y características del propio acuerdo este no entra en vigor hasta el año 2006 en República Dominicana.
