Annus horribilis

El título del presente artículo es una locución latina que en su traducción literal al español significa «año horrible», pero que usualmente se emplea para significar que el año que ha transcurrido ha sido desastroso y, en todo caso, perjudicial para la población.

Recuerdo la expresión porque al iniciarse este año 2026 y mirar retrospectivamente lo vivido en el año recién finalizado solo podemos lamentarnos de lo mal que le fue al país en estos últimos doce meses.

El año terminó con el escándalo de la corrupción que se destapó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), una entidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social destinada a administrar el seguro de salud del régimen subsidiado, esto es, el que protege a los sectores pobres, indigentes y vulnerables de la población, imposibilitados de pagar este servicio.

La estafa fue de tal magnitud que oficialmente se fijó en 12 mil millones de pesos su monto, pero conocedores de la situación han hablado de más de 20 mil millones. Sea una u otra cifra lo cierto es que Senasa, llamada a proteger a los sectores desvalidos de la sociedad fue comprometida en su estabilidad económica y ha obligado al Estado a intervenir para evitar un colapso que se presagiaba inevitable.

Pero, así como terminó el año también comenzó, pues en sus primeros meses los medios de comunicación recogían la noticia de la estafa consumada en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en esta ocasión en perjuicio de estudiantes de escasos recursos de las escuelas públicas que resultaron afectados en su alimentación (desayuno y almuerzo escolar) y entrega de libros de textos y otros artículos necesarios para la enseñanza.

La corrupción ha llegado tan lejos que todo el país ha visto con asombro cómo personeros del gobierno y del partido oficial han sido vinculados por instancias norteamericanas con el crimen organizado, detenidos, extraditados y juzgados por tribunales de los Estados Unidos.

Mientras la corrupción avanzaba, los servicios públicos se deterioraban, y la población estupefacta volvió a sufrir los molestosos apagones del pasado. De esporádicos y breves retornaron como en el pasado, con horas interminables sumidos en la oscuridad. Hasta el metro, con plantas de emergencia para evitar su interrupción no escapó al año desastroso que se ha vivido y fue paralizado durante una larga jornada con el consiguiente perjuicio para sus usuarios.

Recién el viernes de la pasada semana el metro volvió a ser detenido en su recorrido entre las estaciones Gregorio Luperón y Mamá Tingó, en una muestra de la deficiencia e incompetencia de las autoridades.

Ha sido de tal naturaleza la incompetencia de este gobierno que en noviembre pasado un tanque de agua del ingenio Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís estalló y provocó daños a las humildes viviendas levantadas en su cercanía, todo por falta de mantenimiento de parte de las autoridades responsables.

Y como si esto fuera irrelevante, más de 800 mil santiagueros y mocanos tuvieron que esperar los festejos de Navidad sin agua en su acueducto por casi una semana debido a la negligencia y al abandono de las infraestructuras por parte del gobierno.

Para colmo de este año calamitoso que acabamos de pasar, el Banco Central de la República Dominicana ha informado que el crecimiento del producto interno bruto de este año solo alcanzó un 2.1%, cuando el país ha estado acostumbrado a un crecimiento anual y sostenido de por lo menos un 5%. Dicho en cifras revela poco para el grueso de nuestros compatriotas, pero es un dato alarmante para los especialistas, pues en la práctica se traduce en menores oportunidades de mejoría, con lo que se pone en riesgo la política de reducción de la pobreza.

La inflación ha disminuido, afirman las autoridades, pero la población se queja de que los chelitos no alcanzan para cerrar el mes, denuncia el alto costo de la vida y pega el grito al cielo cuando visita colmados y supermercados. Un informe estadístico de la Seguridad Social explica esta aparente paradoja.

A octubre del pasado año 242,778 cotizantes a la Seguridad Social tenían un salario inferior a 15 mil pesos al mes, lo que significaba que no ganaban lo suficiente para poder adquirir los bienes y servicios de la canasta familiar del primer quintil, o sea, de los más pobres. De esta cantidad, 149,105 ganaban entre 10 mil y 15 mil pesos; 83,877 devengaban entre 5 mil y 10 mil pesos; y los restantes tenían un salario inferior a los 5 mil pesos.

¿Alguien puede vivir con menos de cinco mil pesos al mes? Pero todos mis lectores de seguro que respaldarán mi criterio de que los casi 243 mil cotizantes de la Seguridad Social que ganan menos de 15 mil están pasando las de Caín.

Son estos datos los que explican que el pueblo le haya perdido la confianza a este gobierno y que con razón exprese su desaliento y exclame: «esto, no lo aguanta nadie».