Podríamos sustituir el título de hoy por el nombre de la novela del inmenso Gabriel García Márquez “El amor en los tiempos del cólera” y el resultado sería similar, la sociedad hoy día, la forma en que nos comunicamos, la inmediatez y, ¿por qué no? la viralidad hace que cualquier publicación, mensaje, titular, audiovisual tenga la capacidad de transformar a un individuo, independientemente de su condición procesal, en un culpable a los ojos de todos.
La presunción de inocencia es el derecho fundamental de toda persona señalada en un proceso penal a ser tratada como si fuera inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia de carácter definitivo, derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, obviamente, la Constitución Dominicana.
Jurídicamente no hay mayor discusión, todo Estado social y democrático de derecho reconoce la presunción de inocencia y quizás el sistema de justicia no sea el problema a la hora de acatarlo. El problema surge porque no es un derecho que sólo deba respetarse en los tribunales, sino que también tiene una dimensión extraprocesal que impone límites a las autoridades públicas, medios de comunicación y particulares.
Viola la presunción de inocencia el Ministerio Público cuando presenta a los investigados e imputados como culpables, con sus declaraciones públicas, teorías del caso presentadas como pruebas, y más. De igual forma, los medios de comunicación también hacen lo propio cuando las noticias convierten imputaciones en condenas, desde un titular hasta las fotos que utiliza contribuyen a la violación de este derecho.
En la época de las redes sociales aparece una publicación y en cuestión de minutos ya las redes sociales emiten su “decisión” sin derecho a recurso, se condena públicamente a personas sin que exista siquiera el germen de un proceso penal. Estas plataformas se transforman en tribunales paralelos, donde no existe derecho de defensa y cualquier contenido es considerado “prueba”, que construye una “culpabilidad” expres que luego difícilmente se pueda borrar.
No se trata de promover impunidad ni de constituir un obstáculo para el desarrollo de investigaciones y procesos penales, tampoco de impedir el derecho ciudadano a conocer de todo hecho de interés público, sino de transmitir la información de manera adecuada, llamar al investigado, imputado e incluso al condenado (cuando dicha condena no es definitiva) por su nombre.
Defender la presunción de inocencia es proteger el debido proceso, la dignidad humana y la legitimidad de nuestro sistema de justicia. Por más que los tribunales protejan la dimensión procesal de la presunción de inocencia, si seguimos descuidando la dimensión extraprocesal seguiremos condenando socialmente a personas que jurídicamente siguen siendo inocentes.
Las redes sociales pueden y van a seguir informando, denunciando y siendo un importante contrapeso social, pero no sustituyen a los tribunales, cuando son las redes las que, de forma anticipada, deciden condenar a una persona, poco importa que luego intervenga una sentencia de absolución, la justicia ante la huella digital habrá llegado demasiado tarde.
