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Llama la atención que el Ministerio Público no se ha pronunciado respecto a si los casos detectados en 37 auditorías de la Contraloría tienen méritos para ser ventilados en el área penal o si se trata de anomalías subsanables con la aplicación de cambios y procedimientos. Nadie sabe a ciencia cierta qué hay con eso. Las auditorías en instituciones del Estado y su publicación para conocimiento público son un buen ejercicio de transparencia, pero debe ser complementado con acciones y correctivos para reducir la posibilidad de irregularidades. Bueno, una cosa sí está clara: los que representan a la Contraloría en las instituciones públicas tienen que estar más vigilantes.