O tu emprendimiento o tu empleo público; no ambos. El “dilema” generado por la ley 340-06 entre aquellos cargos públicos incompatibles para ser proveedores del Estado. No es pecado ser político y empresario; pero como el poder privilegia a quien lo tiene sobre aquellos que no, y desalienta así justa competencia, equidad y transparencia en las compras gubernamentales, si un político obtiene una posición estatal de determinada categoría, la ley y la ética pública obligan a suspender la actividad de negocios privada. Si casualmente políticos son los mejores oferentes en una u otra actividad mercantil, sus negocios deben ser florecientes, rentables y no deberían preferir trabajar para el Estado, sino hacer negocios, legítimamente, con este. No hay disyuntiva en realidad.