Los estrategas de la campaña de Donald Trump durante su primera elección presidencial curiosamente le dieron particular importancia al estado de Virginia Occidental, un estado sin peso electoral. Pero los políticos son avezados y había una razón muy poderosa que los impulsaba: la clase empresarial del estado se volcó en donaciones para la campaña del candidato republicano. Dicho apoyo constituyó la última medida desesperada para salvar la minería de carbón en su territorio, la más grande de los Estados Unidos. No obstante, llegado Trump al poder, se sucedieron una serie solicitudes de protección para la bancarrota en los tribunales del estado, por parte de las mineras del carbón. El apoyo del gobernante más poderoso del mundo no revertió la caída de la industria.
Las razones para la caída de la demanda de carbón son políticas y tecnológicas. Los políticos liberales de Occidente fueron los primeros en advertir sobre el peligro del calentamiento global y el cambio climático, algo negado por los conservadores. Pero los seres humanos no se suicidan fácilmente. Cuando el problema climatológico demostró ser real y serio, ambos bandos se unieron, para enfrentar un problema cuyas consecuencias podían traducirse en un aumento de la pobreza e inestabilidad social y política a nivel global. El resultado consistió en medidas para “descarbonizar”, que van desde la negativa de permisos ambientales, la exigencia de todo tipo de certificaciones verdes y el bloqueo del sector bancario a esta industria.
Es decir, Punta Catalina fue construida en un momento donde la materia prima que utiliza, por ser más barata, estaba a la defensiva. Una inversión tan costosa debe durar mínimo veinte años. Siendo así, sus dificultades futuras están claras.
Otra razón para el declive de la demanda de carbón ha sido el vertiginoso avance tecnológico de las energías renovables y su correspondiente abaratamiento. Pero hay algo más, en camino viene la revolución del hidrógeno, impulsada por una competencia internacional para abaratar el proceso de hidrólisis, que no es más que convertir el agua en hidrógeno. Las turbinas de gas natural actuales pueden ser modificadas para operar con hidrógeno hasta en un 75%. Los potenciales beneficios son enormes, pues las turbinas operaran con un combustible renovable de manera constante, pues no dependerán de que salga el sol o sople el viento.
Entonces, cuando escuchamos el debate sobre si Punta Catalina es un bien “estratégico” que debe ser operada por el sector público, o por el contrario, por el sector privado, nos parece a una discusión entre un campesino y su compadre sobre un potro que nació viejo. El verdadero problema de Punta Catalina es su anacronismo, pues es un proyecto obsoleto de los años 70, construido cincuenta años más tarde, en medio de un desarrollo tecnológico pasmoso y una normativa regulatoria internacional hostil al carbón.
