El gobierno acelera el retorno a la normalidad. Entra en la lógica, pero es necesario garantizar la salud de la gente. La vacunación ha sido un aserto. Concita la satisfacción ciudadana. Mientras, el distanciamiento se ha ido a la porra. Como si se dijera que cada quien se cuide. Ahora, lo que no cuadra es la resolución del Ministerio de Salud mediante la cual limita el derecho a los ciudadanos a una prueba gratuita de covid-19 al año. El costo de las pruebas desbordó los presupuestos y la deuda con los prestadores privados se disparó. Resisten mantener el servicio. Siguen gratis, pero sólo en los hospitales. Incongruente, si no se apuesta al sálvese quien pueda.