Desafíos de la justicia en la era de la posverdad

ROBERT VALDEZ
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En los últimos tiempos, el término “posverdad” ha adquirido relevancia dentro del discurso público, particularmente en entornos marcados por la polarización política, la desconfianza institucional y la manipulación informativa. Esta noción, que alude a situaciones donde los hechos objetivos se ven opacados por emociones y creencias individuales, plantea serios retos para el funcionamiento de las democracias actuales. La justicia, como pilar esencial del Estado de Derecho, no es ajena a los impactos negativos de esta dinámica.

En un sistema judicial, las decisiones deben estar fundamentadas en evidencia sólida, normas legales, tutela judicial y el respeto debido al proceso. No obstante, en el escenario posverdadero, estos principios se ven constantemente debilitados por narrativas emocionales, desinformación viral y procesos paralelos impulsados desde las redes sociales. La ciudadanía, en consecuencia, puede otorgar mayor credibilidad a una publicación sin verificación que a una resolución judicial basada en fundamentos jurídicos.

La realidad dominicana también refleja estos desafíos. El crecimiento del acceso a internet y el uso masivo de plataformas digitales han potenciado tanto la participación ciudadana como la propagación acelerada de información errónea o parcial respecto a procesos judiciales. Este fenómeno influye de manera directa en la percepción pública y ejerce presión sobre el sistema judicial.

Una de las consecuencias más evidentes es la consolidación del juicio mediático. Es común que medios y usuarios emitan opiniones sobre casos en curso, generando juicios prematuros que atentan contra la presunción de inocencia, reconocida en el artículo 69 de la Constitución dominicana. Esta dinámica no solo afecta a los acusados, sino también a jueces y fiscales, quienes pueden verse condicionados por la presión mediática, y comprometen así su independencia.

Paralelamente, el auge de noticias falsas y la manipulación tecnológica de evidencias han creado un nuevo escenario de riesgos. Con el uso creciente de pruebas digitales, tecnologías como los “deepfakes” podrían ser utilizadas para fabricar audios o videos falsos, que dificultan la verificación. Esto exige que el sistema de justicia se modernice tecnológicamente y capacite a sus actores en estas nuevas competencias.

A pesar de los esfuerzos realizados por entidades como el Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República para modernizar sus sistemas, todavía persisten debilidades estructurales. Muchos tribunales carecen de recursos adecuados para autenticar pruebas digitales, y es necesario mejorar los protocolos de custodia, peritaje y verificación.

Otra dimensión preocupante es la desigualdad en la defensa frente a la opinión pública. Mientras ciertos imputados pueden acceder a asesoría legal especializada que mitigue los efectos del juicio social, las personas con menos recursos quedan vulnerables ante el escarnio público. Esta desigualdad profundiza la distancia entre la justicia formal y la justicia percibida.

El populismo punitivo representa una de las manifestaciones más riesgosas del fenómeno posverdadero en el ámbito penal. Este enfoque promueve respuestas judiciales rápidas y ejemplarizantes en favor del clamor popular, aún si ello implica vulnerar derechos fundamentales. En la práctica, se evidencia en la utilización excesiva de la prisión preventiva y en la resistencia a medidas alternativas como la libertad condicional.

Asimismo, la confianza en las instituciones se ve afectada cuando las decisiones judiciales no coinciden con las expectativas emocionales del público. Esta desconfianza es aprovechada por actores que buscan deslegitimar fallos judiciales, acusando sin pruebas a los jueces de parcialidad o corrupción.

Ante esta situación, se hace imprescindible fomentar la educación jurídica en la población. La ciudadanía debe comprender el funcionamiento del proceso judicial y la importancia de respetar las garantías procesales. De esta forma, se promueve una sociedad crítica, menos vulnerable a la manipulación.

Los medios de comunicación también tienen un papel crucial. El ejercicio del periodismo responsable basado en la veracidad, la consulta de fuentes especializadas y la moderación en el lenguaje, es esencial para mantener una cultura jurídica sólida. En un entorno donde la velocidad informativa supera su calidad, el periodismo debe actuar como puente entre el sistema judicial y la sociedad.

Del mismo modo, el sistema de justicia necesita mejorar sus estrategias comunicativas. Las resoluciones deben ser comprensibles para el público general, y las instituciones deben ser más transparentes y abiertas al escrutinio ciudadano. Solo así se puede contrarrestar la desinformación y reforzar la legitimidad institucional.

Es importante aclarar que la lucha contra la posverdad no debe confundirse con censura. Se trata de defender los hechos verificables, fomentar el pensamiento crítico y proteger la verdad jurídica como base de una democracia funcional.

En República Dominicana ya se han dado pasos positivos, como la capacitación en comunicación judicial y mejoras en la gestión de medios para casos sensibles. Sin embargo, se necesita una estrategia más integral que involucre a todos los actores: justicia, fiscalía, medios, universidades y sociedad civil.

La creación de una unidad especializada en pruebas digitales sería un avance clave para enfrentar los desafíos tecnológicos, garantizando un análisis más riguroso y evitando manipulaciones. Esta unidad debe contar con expertos en informática forense y protocolos claros de actuación. Además, es urgente actualizar la normativa penal para incorporar adecuadamente las tecnologías emergentes, delitos informáticos y medios digitales de prueba.

Desde un enfoque ético, los operadores del sistema deben ejercer su labor con responsabilidad institucional. En un entorno donde la verdad se ve cuestionada constantemente, defenderla implica integridad y compromiso con los valores democráticos. La justicia debe resistir las presiones populares y actuar en defensa de los derechos, incluso cuando ello resulte impopular.

Al mismo tiempo, los actores judiciales deben contar con habilidades de comunicación efectiva y comprensión del entorno social. La legitimidad de la justicia no se gana únicamente a través de sus decisiones, sino también mediante su capacidad de diálogo y cercanía con la ciudadanía.

Superar los efectos de la posverdad no es una tarea meramente jurídica, sino multidisciplinaria. Derecho, tecnología, comunicación, ética y educación deben integrarse para ofrecer una respuesta eficaz. En un mundo donde lo falso puede parecer verdadero, la justicia debe alzar su voz con firmeza y coherencia, apoyándose en hechos, principios y normas.

En esta era de sobreinformación, el sistema judicial necesita reevaluar tanto sus mecanismos internos como su interacción con la sociedad. La confianza institucional ya no depende solo del cumplimiento legal, sino también de la capacidad para comunicar con claridad, demostrar transparencia y acercarse a la gente.

La justicia no puede limitarse a existir como institución; debe legitimarse continuamente ante una sociedad que exige respuestas claras y responsables. El combate a la posverdad en el ámbito judicial debe asumirse con una visión de largo plazo, fortaleciendo estructuras resilientes y dotando a jueces y fiscales de herramientas para enfrentar tanto los expedientes como el contexto social que los rodea.

Además, es vital involucrar al ámbito académico y a la sociedad civil en la formulación de estrategias para fortalecer la justicia. Las universidades pueden desempeñar un papel fundamental en la formación de profesionales comprometidos con la verdad, la legalidad y el interés público.

La tecnología, utilizada de forma ética e inteligente, también puede ser una aliada en esta causa. Plataformas digitales del Poder Judicial, contenidos educativos y espacios de diálogo directo con la población pueden servir como antídoto frente a la desinformación.

En suma, consolidar una justicia robusta en la era de la posverdad exige una acción colectiva. En una democracia aún en desarrollo como la dominicana, defender la justicia significa proteger la verdad como bien público, garantizar la igualdad ante la ley y sostener decisiones basadas en pruebas verificables. Apostar por la verdad jurídica, en medio del ruido informativo, es un acto de profundo compromiso democrático. Defender la justicia en tiempos de posverdad es más que una obligación legal: es una responsabilidad ética con la democracia, la dignidad humana y la verdad misma.

Frente a los múltiples desafíos que impone la era de la posverdad al sistema de justicia dominicano, es fundamental implementar una estrategia nacional de comunicación judicial. Esta debe contemplar la formación de voceros institucionales preparados para interactuar con los medios y las redes sociales, así como el desarrollo de contenidos accesibles que expliquen las decisiones judiciales de manera pedagógica. La transparencia debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una práctica cotidiana que acerque la justicia a la ciudadanía y fortalezca su legitimidad ante el escrutinio público.

Asimismo, se recomienda la creación de un observatorio interdisciplinario con participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, las universidades y la sociedad civil que monitoree el impacto de la desinformación en los procesos judiciales y proponga mecanismos preventivos. Este espacio podría servir para generar indicadores, diseñar campañas educativas y ofrecer respuestas rápidas ante la propagación de noticias falsas, fortaleciendo la capacidad de reacción institucional.

Finalmente, se debe apostar por una reforma educativa en el ámbito del Derecho que incorpore materias vinculadas a la ética pública, comunicación institucional y manejo de crisis. Formar operadores jurídicos con visión integral, capaces de comprender el entorno mediático y social en el que se desenvuelven, es indispensable para preservar la objetividad y la imparcialidad del sistema judicial.

En conclusión, la justicia en la era de la posverdad se enfrenta a una crisis que trasciende lo jurídico y se adentra en el terreno de la cultura, la información y la percepción colectiva. Superar este desafío requiere voluntad política, compromiso institucional y la activa participación de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de una acción conjunta será posible proteger la verdad jurídica como base de la convivencia democrática, reafirmar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que el derecho siga siendo un instrumento de equidad y no una víctima de las emociones volátiles del momento.