Ante el clamor casi general que cuestiona parte del articulado de la Ley 1-24, denunciado como atentatorio a derechos fundamentales, el presidente Luis Abinader dispuso que se iniciara un diálogo con sectores que se han pronunciado al respecto, y adelanta su parecer de que hay confusión en la manera en que se interpreta.
Muy positivo que haya reaccionado así porque, como estima el mandatario, es propio de gobiernos democráticos motivar la conversación para despejar cualquier preocupación social, criterio que corroboramos convencidos de que, mediante la búsqueda de consenso, en las diferencias también se expresa la democracia.
La Sociedad Dominicana de Diarios, cuyos representantes se reúnen hoy con el director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), en atención a lo sugerido por el presidente de la República, señala específicamente los artículos 9, 11 y 26, y su posible impacto en el ámbito de la libertad de prensa y en los derechos a la privacidad y al secreto profesional.
En ese tenor, reconocidos juristas y entidades profesionales, religiosas y de la sociedad civil, coinciden en la peligrosidad de que mediante una ley, con aspectos ambiguos y confusos, se puedan vulnerar derechos esenciales y hasta dar pábulo a situaciones en las que podría anidar la intolerancia y la fuerza.
Con su actitud de apertura a la rediscusión de una ley aprobada por mayoría de legisladores de todos los partidos (120 votos a favor, de los cuales PLD y Fuerza del Pueblo aportaron 36, y sólo 2 en contra), el presidente Abinader, luego de su promulgación, hizo lo que otros dejarían en manos de asesores o de funcionarios subalternos.
Es una cualidad que no se le puede regatear, porque la gestión de determinadas cuestiones, por delicadas que fueren, el presidente prefiere encararlas de manera personal, en forma abierta y franca.
En el caso de las conversaciones alrededor de los artículos “sospechosos” de la Ley 1-24, desde la Sociedad de Diarios confiamos en que, precisamente por el celo del mandatario en lo concerniente a los medios de comunicación, primará la importancia que asigna su gobierno a la prensa y a la libertad de expresión, y se reiterará en su vocación democrática.
Y ojalá se preste oído también a la preocupación externada por diversos sectores que advierten en esa ley elementos violatorios a derechos protegidos en nuestra Constitución, y que podrían retrotraernos a estadios oscuros felizmente superados en la sociedad dominicana.
